Campo: la crisis de gobernabilidad
Gustavo Gordillo/IV
En mis tres entregas
anteriores sobre el campo mexicano plantee: a) que es crucial
reconstruir la relación entre comunidades rurales y el Estado, b) que
desde un punto de vista demográfico y de fuentes de ingreso han ocurrido
cambios drásticos en el campo, c) que el mecanismo de gobernabilidad en
el campo fue modificado profundamente a través de muchos procesos
ocurridos antes de las reforma constitucional de 1992.
Los mecanismos de gobernabilidad sustentados en el papel protagónico
del Presidente de la República en la entrega de tierras, la función de
reguladora y mediadora en los conflictos agrarios de la Secretaría de la
reforma agraria (SRA) y la intermediación e inteligencia política
ejercidas por las organizaciones campesinas corporativas fueron
transformada con las reformas de 1992.
El Presidente perdió la capacidad de repartir tierras y, en
consecuencia, de jugar un papel articulador de la gobernabilidad rural.
La Secretaría de la Reforma Agraria se debilitó considerablemente con el
surgimiento de dos nuevas instituciones: la Procuraduría Agraria y los
Tribunales Agrarios. Una tercera institución, el Registro Agrario
Nacional (RAN), que ya existía, alcanzó un estatus mucho mayor. Las
centrales oficialistas enfrentaron una verdadera competencia con varias
organizaciones campesinas nacionales y regionales con mayor capacidad de
movilización y mayor representación.
Mientras la reforma constitucional de 1992 se estaba votando en el
Congreso e implementando en todo el país en los siguientes 25 años,
ocurrían varias transformaciones en el sistema político: una consistente
decadencia en donde el centro político se desmadeja, una emancipación
gradual y discontinua tanto de las entidades federativas como de franjas
de la sociedad, al tiempo que opera la colonización de franjas del
aparato estatal o del territorio nacional por un sinnúmero de poderes
fácticos. El mayor impacto de las transformaciones políticas sobre el
sistema ejidal que emergió después de 1992 fue la profundización de la
desintegración, el resurgimiento de los mercados negros y una aguda
crisis de gobernabilidad rural.
Entonces, la pregunta ahora es: ¿hacia dónde ir? ¿Por dónde empezar?
Los datos demuestran una vez más que las sociedades agrarias son persistentes, resilientes y adaptables.
Los intentos por despojar a las sociedades agrarias con el argumento
de la modernización han enfrentado dos barreras infranqueables.
La primera es la propia naturaleza de los mercados de tierras. En
ninguna parte, en ninguna época, existe un mercado unificado nacional de
tierras. Lo que existen son mercados regionales y locales de tierras.
Estas instituciones son, además, el ejemplo más acabado de la
imperfección del mercado: fragmentado y con profundas asimetrías de
información. Para corregir la imperfección del mercado se requieren
intervenciones públicas. Implican leyes o decretos. O ejercicio de la
violencia para despojar a las comunidades de sus tierras. Las sociedades
agrarias reaccionan ante los intentos de despojos con una enorme
reserva de flexibilidad y adaptación al nuevo contexto.
La segunda barrera es la resistencia multiforme de las sociedades
agrarias, bajo la adaptación, usando los instrumentos legales
disponibles, y bajo la impugnación, a partir de movilizaciones que
buscan y generalmente logran modificar la correlación de fuerzas.
Las sociedades agrarias no son vestigios del pasado, sino testimonios
lacerantes de un presente injusto que las margina. Pero podrían ser
faros de un futuro de prosperidad inclusiva.
Hay dos caminos: intentar –una vez más– desposeerlas de sus recursos o
reconocer su potencial productivo, su base cultural, sus redes de
cooperación y solidaridad, y desde esa plataforma impulsar el rescate
del campo mexicano. Y la recuperación del territorio para el Estado y
para la sociedad.
Twitter: gusto47
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