Los intereses que pagamos a rescates bancarios equivalen a toda la reconstrucción de México
Publicado: 28 sep 2017 10:43 GMT
Javier Buenrostro
Lamentablemente, al momento de escribir estas líneas van 342 muertos por el terremoto del
19 de septiembre en la zona centro del país y otro centenar más en el
sureste por los temblores de los días 7 y 23 de septiembre. En la Ciudad
de México se colapsaron
38 edificios, están inhabitables más de 500 y con algún daño que debe
ser valorado todavía hay más de 3.000. Centenares de familias se han
quedado en la calle lo mismo en colonias de clase media que en barrios
populares y Jojutla (Morelos) o Juchitán (Oaxaca) han quedado en
escombros prácticamente en su totalidad. Muchas familias han perdido el
patrimonio de toda una vida.
¿Qué tan difícil es la recuperación después de un suceso de esta magnitud?
Bueno depende de la voluntad y efectividad de las autoridades pero como
botón de muestra es que el 6 de septiembre, Miguel Ángel Mancera
entregó departamentos a algunas familias damnificadas… en 1985! Así, en
medio del duelo que nos embarga, debemos encontrar las formas para que
el gobierno no vuelva a tardar 32 años en ayudar a la gente que lo
necesita.
Según las estimaciones preliminares el costo de la reconstrucción
de inmuebles como edificios, casas, escuelas, iglesias, red de aguas y
eléctrica y demás infraestructura dañada por estos sismos, ascenderá a
casi 38.000 millones de pesos (2.000 millones de dólares).
¿Es posible sacar tanto dinero en un año reajustando el presupuesto? Es
posible definitivamente, es cuestión de voluntad y austeridad en
ciertos rubros.
Para darnos una idea de que tan posible
es invertir 38.000 millones en la reconstrucción de la nación hay que
poner de ejemplo el rescate bancario que llevamos pagando más de tres
lustros. Esa deuda en la actualidad asciende a 900.000 millones de pesos
(50.000 millones de dólares) y que terminaremos de pagar en 70-100 años
debido a los intereses. Solamente el pago de esos intereses en el
presente sexenio ha sido de más de 46.000 millones a través de los Bonos
de Protección al Ahorro (BPA) y, según estimaciones, en 2016 rondó los
35.850 millones. Así, los puros intereses del año pasado del
impopular Fobaproa equivalen a la restauración de infraestructura y
apoyo a miles de familias damnificadas por ambos sismos.
Hay
una propaganda donde algún banco dice que por cada peso aportado ellos
están dispuestos a aportar otro. Por las deudas de privados, entiéndase
el rescate bancario que se convirtió en deuda pública, el año
pasado pagamos casi 36.000 millones de interés a las instituciones
bancarias a las que tuvimos que rescatar de su supuesta quiebra. Era necesario, nos dijeron, porque ahí estaban los ahorros de todos.
¿La
gente común recibimos intereses de esos ahorros rescatados? ¿Quién se
beneficia del pago de esos intereses? Sin intereses pagaríamos ese
rescate en 25 años mientras con los intereses nos va a llevar casi cien
años pagarlo. ¿Por qué no mejor en vez de aportar un peso por
cada uno de nosotros, las instituciones bancarias dejan de cobrar los
intereses de los BPA’s que equivalgan a toda la reconstrucción nacional?
Considerando que la sociedad los rescato de sus malos manejos, el no
cobrar intereses sería apenas lo mínimo para devolver la cortesía. Más
en momentos de emergencia nacional. ¿Es mucho pedir al sistema
financiero una pausa de un año en su voracidad que nos consumirá por el
siguiente siglo después de haberlos salvado?
Trabajos de rescate tras el sismo de magnitud 7,1
/ Henry Romero
/ Reuters
Si
la propuesta anterior fuera demasiado descabellada bajo el régimen
financiero actual, donde las pérdidas se sociabilizan pero las ganancias
son completamente privadas, habría que buscar entonces en el
presupuesto gubernamental. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) podrían
rastrear a donde se fueron los 258.000 millones de pesos (14.000
millones de dólares) que fueron desviados de manera irregular por los 22
gobernadores priistas durante la presente administración. Si
se requiere otro posible ahorro, la ASF y la SNA pueden fiscalizar los
posibles fraudes y aumentos de tarifas en la construcción del Circuito
Mexiquense y del Viaducto Bicentenario donde los costos pasaron de los
5.600 millones pesos del proyecto original (280 millones de dólares)
hasta más de 60.000 millones de pesos (3.000 millones de dólares).
Si
de celeridad se trata, el gobierno podría omitir su gasto en publicidad
que alcanza los 10.000 millones de pesos anuales (550 millones de
dólares) o los 3.500 millones de pesos (200 millones de dólares)
desviados a través de la universidades y empresas fantasmas según
documentó “La Estafa Maestra” de Animal Político.El
dinero de la publicidad y de la “Estafa Maestra” equivale al doble de
lo que se ha previsto preliminarmente para la reconstrucción de Chiapas y
Oaxaca. También se podría cobrar de manera efectiva la
tenencia de los automóviles de lujo, cuya elusión de este impuesto (como
lo hizo el procurador Raúl Cervantes con su Ferrari) le cuesta tan solo
a la Ciudad de México alrededor de 2000 millones de pesos.
Una
propuesta que corrió como reguero de pólvora fue la que pide reasignar
el presupuesto de los partidos políticos destinado a las elecciones de
2018. La propuesta que parece plausible en una primera instancia también
tiene un reverso que debe ser considerado. El presupuesto para las
campañas electorales de 2018 es de casi 7.000 millones de pesos en
conjunto, es decir menor en un 30% al gasto de publicidad del Gobierno
federal. Una campaña austera es algo que le caería bien a la sociedad
para destinar los recursos a cuestiones de urgencia a la vez que se
privilegiarían las propuestas sobre la mercadotecnia o la publicidad.
Pero de una sana austeridad el PRI pasó a una propuesta absurda: la eliminación del financiamiento público a partidos.
La eliminación del dinero público nos conduciría a la privatización de la política. ¿Cómo se financia un instituto político que no recibe dinero público?
En el caso del PRI, que hace la propuesta, sabemos que se financia del
desvío de recursos por parte de los gobernadores o de las empresas que
después de hacer aportaciones para la campaña terminan por cobrar la
factura a los gobiernos, como ya lo han hecho OHL o Grupo Higa. Con esta
medida las empresas adquirirían mucho mayor poder político del que ya
de por sí gozan en la actualidad.
Peor aún, en un territorio donde el narcotráfico es un poder real y con recursos financieros de sobra, provocaría que el dinero del crimen organizado se pudiera convertir en el fiel de la balanza
en varias localidades y hasta a nivel nacional. Una campaña austera con
la mitad del dinero programado es una iniciativa interesante y viable.
La eliminación total es algo que dinamitaría la democracia mexicana.
En general hay dinero de sobra en el dinero malversado, en la corrupción
gubernamental, en los gastos superfluos de publicidad, en el pago de
intereses a rescates bancarios que nos llevarán un siglo poder pagarlos,
en los intereses que se cobran en instrumentos financieros
malintencionados de obra y deuda pública, en la elusión de impuestos en
autos y artículos de lujo y en un excesivo gasto en campañas
electorales.
Pero antes de privatizar por completo nuestra democracia
como propone el PRI deberíamos castigar la corrupción de los
gobernantes y los particulares que han moldeado la desgracia de la
mayoría en el actual régimen de complicidades e impunidad.
@BuenrostrJavier
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