Este hecho pone en riesgo el inicio de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en los municipios de Toledo y Sabanalarga. | Foto: Caracol Radio
Publicado 30 octubre 2017
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Con Ramón Alcides García Zapata, ya suman 133 líderes sociales colombianos asesinados en lo que va de 2017.
Las
coordinadoras municipales de cultivadores de coca, marihuana y amapola
del municipio Toledo y del municipio Sabanlarga, del departamento de
Antioquia, Colombia, denunciaron la muerte de Ramón Alcides García
Zapata, líder social y defensor de derechos humanos.
García Zapata lideraba el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y del comité de barqueros del alto de Chiri, integrante del comité de barqueros del Norte de Antioquia y asociado a la Marcha Patriótica.
Según las agrupaciones
municipales, Zapata fue asesinado por desconocidos cuando regresaba del
municipio de San Andrés de Cuerquia, tras recibir el pago mensual
contemplado en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos
ilícitos.
“Con Ramón ya son 139 compañeros de Marcha Patriótica asesinados desde nuestra fundación y ya son 133 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el año 2017, 25 de los cuales han ocurrido en el mes de octubre”, manifestaron en el comunicado.
Las organizaciones advirtieron que este hecho pone en riesgo el inicio de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en los municipios de Toledo y Sabanalarga.
Esto se debe a que las comunidades consideran que no tienen garantías necesarias para ser parte activa de las tareas que involucran grandes intereses económicos.
García Zapata lideraba el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y del comité de barqueros del alto de Chiri, integrante del comité de barqueros del Norte de Antioquia y asociado a la Marcha Patriótica.
“Con Ramón ya son 139 compañeros de Marcha Patriótica asesinados desde nuestra fundación y ya son 133 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el año 2017, 25 de los cuales han ocurrido en el mes de octubre”, manifestaron en el comunicado.
Las organizaciones advirtieron que este hecho pone en riesgo el inicio de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en los municipios de Toledo y Sabanalarga.
Esto se debe a que las comunidades consideran que no tienen garantías necesarias para ser parte activa de las tareas que involucran grandes intereses económicos.
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