Publicado 2 mayo 2017
La Corte Suprema de Argentina sigue demorando su definición sobre la situación de la dirigente indígena, Milagro Sala, presa desde enero de 2016 luego de un acampe frente a la Gobernación de Jujuy.
El organismo podría rechazar el pedido de que se anule la detención por inmunidad parlamentaria con la que cuenta Sala por ser miembro del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur).
El único fallo que abriría la posibilidad de que la activista argentina quede en libertad quedaría postergado para después de las visitas del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Personas de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) previstas para el 8 de mayo.
La foto de una librería de Londres que reclama por la libertad de Milagro Sala | Derechos Humanos, Milagro Sala
El Grupo de Atención Arbitraria como la CIDH muestran incomodidad ante la prolongación de la prisión de la dirigente social y política de la provincia argentina de Jujuy.
Sala fue presa por causas que fueron apareciendo como la asociación ilícita, desvíos de dinero recibido para las cooperativas y la presunta instigación de una tentativa de homicidio de una niña de once años que resultó herida durante el enfrentamiento de dos hombres, uno de los cuales volvió después de siete años prófugo y acusó a Sala.
La procuradora Alejandra Gils Carbó dictaminó que la detención de Sala es "ilegal" y que debe ser liberada. Le dio la razón en sus dos reclamos: dijo que se había violado su inmunidad de arresto como integrante del Parlasur porque la ley prevé que tiene la misma protección que un diputado nacional y sostuvo que el Superior Tribunal del Jujuy no fundamentó los llamados riesgos procesales que podrían justificar su encarcelamiento preventivo.
Los jueces supremos no comparten el argumento de Carbó porque sostienen que los fueros parlamentarios solo pueden emanar de la Constitución pero no de una ley. Los supremos tienen por el momento mayoría para rechazar el argumento de que la detención es nula por la protección de los fueros.
Gils Carbó recordó que toda persona tiene derecho a esperar un juicio en libertad a menos que se demuestre el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
La procuradora citó las conclusiones del Grupo de Trabajo de la ONU y reparó en que las imputaciones legales contra Sala se multiplicaron después de su detención tras una protesta en contra del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
Gils Carbó hizo notar que las razones de la detención definida por el Superior Tribunal solo respondían a la aparición de testigos que se presentaron para atribuir amenazas a la dirigente que no tenían que ver con los expedientes en discusión.
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