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" Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos"
Pablo Neruda:
miércoles, 3 de mayo de 2017
Rusia enviará más fuerzas a Siria si se crean zonas de seguridad
Soldados rusos marchan durante un ensayo del desfile del Día de la Victoria de Rusia en la base aérea de Hmeymim, en Latakia, oeste de Siria, mayo de 2016.
Publicada: miércoles, 3 de mayo de 2017 22:02
Actualizada: miércoles, 3 de mayo de 2017 23:28
Rusia expresa su disposición a enviar unidades adicionales de policía para garantizar el orden de las eventuales zonas de seguridad que se creen en el país árabe.
“Si se toma (la decisión del establecimiento de zonas de seguridad), no se descarta la posibilidad de aumentar el número de nuestra policía militar allí”, en las zonas de seguridad, ha enfatizado el primer vicepresidente del Comité de Defensa y Seguridad del Senado ruso, Frants Klintsevich.
En una entrevista concedida este miércoles a la agencia rusa de noticias Sputnik News, el titular ruso ha resaltado que el objetivo de tal iniciativa consiste en “garantizar el proceso de paz y el orden” en las áreas de seguridad creadas.
A este respecto, ha asegurado que la decisión estaría totalmente acorde con el decreto del Consejo de la Federación de Rusia (el Senado) emitido en septiembre de 2015 sobre el uso de las Fuerzas Armadas en Siria.
El pasado 1 de mayo, Fatih Hasun, un miembro de la oposición siria, desveló la propuesta rusa para crear zonas seguras y el envío de fuerzas “como una herramienta para el fin de las hostilidades” y acabar con el terrorismo.
En tanto, los documentos obtenidos por Sputnik News detallan las propuestas de Moscú sobre la creación de cuatro zonas de seguridad en el territorio sirio: la primera en la provincia de Idlib (noroeste), la segunda al norte de la ciudad de Homs (oeste), la tercera en Guta Oriental (en la periferia de Damasco, capital) y la cuarta en el sur de Siria.
Fuentes rusas conocedoras del caso han indicado esta jornada que el documento sobre la creación de las zonas de seguridad en Siria entraría en vigor 24 horas después de su firma, mientras que la determinación de las fronteras precisas podría tardar hasta dos semanas después de la rúbrica, periodo durante el cual Rusia podría enviar a sus fuerzas para asegurar el orden en esas áreas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria ha expresado este miércoles su apoyo a la propuesta rusa de crear zonas de seguridad en el país “para poner fin al derramamiento de sangre del pueblo sirio, (…) la República Árabe Siria apoya la propuesta de Rusia sobre la creación de zonas para reducir la tensión”.
tas/anz/snz/rba
Despiden a policía que mató a un adolescente afroamericano en Texas
Escrito por EFE
Jordan Edwards, el adolescente asesinado por un agente | EFE
La Policía de Balch Springs (Texas, EE.UU.) despidió hoy al agente que el pasado fin de semana disparó contra un vehículo y mató a un adolescente afroamericano desarmado.
El suceso ocurrió en la madrugada del sábado, después de que el joven Jordan Edwards, de 15 años, abandonó con un vehículo una fiesta de fin de curso con sus dos hermanos, Vidal y Kevon, y otros dos amigos.
En ese momento, el agente Roy Oliver disparó con su rifle contra el vehículo, matando a Edwards.
La primera versión oficial fue que el vehículo hizo marcha atrás a gran velocidad contra el control policial, por lo que Oliver disparó, pero las cámaras demostraron lo contrario: los jóvenes iban en dirección opuesta a los agentes.
Hoy, el jefe de la Policía de este suburbio de Dallas, Jonathan Haber, anunció en rueda de prensa el despido de Oliver.
La familia de Edwards se mostró satisfecha por el despido del agente, pero apuntó que queda "un largo camino" para que se haga justicia y pidió la detención de Oliver por asesinato.
En un comunicado, también denunciaron que los hermanos y amigos de Edwards fueron "tratados como delincuentes" por el resto de policías: "Maltratados, intimidados y detenidos mientras su hermano yacía moribundo en el asiento delantero (del vehículo)".
Presidente ecuatoriano inicia visita a Cuba con homenaje a Fidel
Escrito por Prensa Latina
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, inicia hoy una visita oficial a Cuba durante la cual rendirá tributo al líder de la Revolución, Fidel Castro, recibirá varias distinciones importantes y recorrerá centros de interés en el país.
La estancia de Correa comienza en Santiago de Cuba (oriente), donde rendirá homenaje a Fidel Castro ante la roca monumento que atesora las cenizas del líder en el cementerio de Santa Ifigenia.
En esa provincia visitará además centros de interés histórico como el Cuartel Moncada, asaltado en 1953 por un grupo de jóvenes al mando de Fidel en el inicio de la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista.
En La Habana, el presidente ecuatoriano conversará con su homólogo cubano, Raúl Castro, y colocará una ofrenda floral en el Memorial José Martí en la Plaza de la Revolución.
Correa, quien preside Ecuador desde 2007, recibirá la Orden José Martí, la más alta distinción que otorga el Consejo de Estado de Cuba a personalidades extranjeras por su contribución a la paz. La misma fue instituida en 1972.
El jefe de Estado también será distinguido con el doctorado Honoris Causa que concede la Universidad de La Habana.
Correa traspasará la presidencia de su país a Lenín Moreno de la gobernante Alianza PAÍS, el próximo 24 de mayo.
En Ecuador, Correa encabezó un proceso de cambios denominado Revolución Ciudadana bajo la premisa del socialismo del buen vivir, la cual cumplió un década este año.
Durante este período, las relaciones con Cuba han sido excelentes.
En el año 2014, la Heritage publicó un informe en el que enfatizaba las “amenazas del socialismo del Siglo XXI”, asegurando que Venezuela era cabeza de playa del terrorismo islámico en la región (repitiendo parte del libreto que suelen desplegar los militares estadounidenses para justificar su presencia en la región).
En los últimos años han sido publicados análisis, notas periodísticas e incluso documentos filtrados que dan cuenta de las reuniones, proyectos y planes para desestabilizar el proceso de cambio en Venezuela y eventualmente derrocar al actual gobierno de Nicolás Maduro: documentos del Departamento de Estado (filtrados por Wikileaks)[1]; Operation Freedom II del Comando Sur[2], el Plan Estratégico Venezolano (2013)[3]. Entre otros actores de peso como la USAID, suele aparecer la OEA como institución clave para legitimar las diversas estrategias. No se trata, como suele argumentarse para desestimar la veracidad de los documentos y planes mencionados, de una conspiración. Por el contrario, se trata del modo en que opera una red de intereses y de poder que trasciende (y vulnera a) los Estados nacionales, se nutre de la vinculación entre el sector público y privado, entre las ONGs y los Organismos Internacionales e Instituciones Financieras Internacionales; entre el gobierno estadounidense y los think-tanks.
Con respecto al rol de la OEA en Venezuela, tomemos el caso de la Heritage Foundation, que se encuentra entre los 10 think-tanks con mayor peso en Estados Unidos, es una de las principales asesoras de Trump y fue la guía para la “revolución de Reagan” a inicios de los ’80[4] -trayectoria que ha llevado a definirla por los mismos estadounidenses como think-tank de derecha[5]-. Los intereses de la Heritage tienen un profundo arraigo en la historia más oscura de América Latina, pues fue una de las fundaciones que participó en el financiamiento de los operativos encubiertos contra el Sandinismo en Nicaragua[6], a la vez que se ocupó de desprestigiar y deslegitimar a los organismos e instituciones estadounidenses que denunciaban la injerencia de su gobierno en Centroamérica.[7]
En el año 2014, la Heritage publicó un informe en el que enfatizaba las “amenazas del socialismo del Siglo XXI”, asegurando que Venezuela era cabeza de playa del terrorismo islámico en la región (repitiendo parte del libreto que suelen desplegar los militares estadounidenses para justificar su presencia en la región)[8]. Por eso, el informe advertía sobre la imperiosa y urgente necesidad de proteger los “derechos humanos” y los “derechos de la oposición democrática en Venezuela”. Proponía como objetivo clave que la OEA organizara sesiones especiales del comité permanente para debatir sobre Venezuela y “hacer valer las libertades garantizadas por la Carta Democrática. En caso de que la OEA fallara en este intento, habría que trabajar con aliados regionales”[9].
Sumado a eso, la Heritage publicó informes que convocaban a que el gobierno estadounidense presionara al presidente Maduro para que liberalizara la economía Venezolana (abril 2013)[10], o que alentaban la Alianza del Pacífico como estrategia para contrarrestar al ALBA-TCP, concebido como un acuerdo que solo favorece a las “élites populistas”[11]. Uno de los últimos informes sobre Venezuela (febrero 2017) se titula “Venezuela es una bomba de tiempo” y destaca que lo preocupante es que la inestabilidad afecte a un país que “está sentado sobre una de las reservas más grandes de petróleo a nivel mundial”[12] –no es casual entonces que el objetivo más urgente sea liberalizar la economía. A la luz de la constante presión que ejercen el gobierno estadounidense y la OEA sobre Venezuela, parece que estas sugerencias fueron atentamente escuchadas y bien recibidas por el establishment de política exterior de Estados Unidos (y celebradas por la derecha venezolana).
El asunto es cómo se logra que esta voz “experta” llegue a los oídos adecuados, es decir, a personas con mayor vinculación a la toma de decisión o influencia en la opinión pública. La primera vía es garantizada por el hecho de que la mayoría de los think-tanks y fundaciones de peso, albergan en su seno a miembros del establishment estadounidense, particularmente a celebrities de las relaciones exteriores. Es el caso de Otto Reich, quien fue “Senior Research Fellow” de la Heritage mientras se desempeñaba como Subsecretario de Asuntos Hemisféricos durante el gobierno de George W. Bush. Reich fue uno de los funcionarios estadounidenses con mayor implicación en la organización y despliegue de las fuerzas contrainsurgentes en América Central en los ’80 (incluida la CONTRA) y que también estuvo presente en la gestión del derrocamiento a Zelaya en 2009[13]. Además de esta “puerta giratoria” de funcionarios, la Heritage es uno de los think-tanks con mayor número de “expertos” que acuden al Congreso a dar su opinión.
Pero a eso hay que sumar la incidencia en la opinión pública. Una de las voces expertas de la Heritage sobre el “Hemisferio Occidental” (la autora de varios de los informes arriba enunciados), escribe asiduamente sobre América Latina (particularmente sobre Venezuela y Cuba), publicando en diversos medios, generando una opinión nefasta sobre estos países[14]. Esto, en el marco de una vasta presencia de la Heritage en los medios y redes sociales, tal como ellos mismos se promocionan: “nuestros expertos aparecen diariamente en Fox, CNN, Wall Street Journal, además de Facebook y Daily Signal”[15].
En virtud de la digna e histórica retirada de Venezuela de la OEA y a partir de lo expuesto aquí, vale destacar que lo que hace ilegítimo a esa institución interamericana no es solo su trayectoria, sino los sectores y grupos que la invocan para hacer valer “la democracia y los Derechos Humanos”, valores que la misma OEA (por su vinculación con estas otras instituciones y grupos, como la Heritage Foundation), viene socavando desde el momento mismo en que fue creada.
[6] Congress Research Service, Draft Report (1987) ‘Public Diplomacy’ ‘Project Democracy’ and Contra Aid’”. Goodtimesweb.org, Sensitive Diplomatic Relations, 1981-1988, pp. 58-59. Consortium for independent journalism
"Si me pidieras un título para esto te diría: 'Terror a las masas', eso es lo que están expresando", aseveró el abogado Ismael Jalil sobre las reformas al Código Penal argentino. | Foto: El Deber
Publicado 3 mayo 2017 (Hace 9 horas 5 minutos)
Los ministerios de Justicia y Seguridad de Argentina preparan un anteproyecto de ley que contempla penas de ocho años para quienes se resistan a una orden policial.
El Gobierno de Mauricio Macri evalúa la modificación de seis artículos del Código Penal para fijar una pena de ocho años de prisión por "resistencia a la autoridad" para quienes porten bufandas, el palo de una bandera, una botella o arma en manifestaciones. Las sanciones en la actualidad para este tipo de delito van de seis meses a dos años.
El Ejecutivo plantea endurecer las penas con la reforma del Libro Segundo "Delitos contra la administración pública" y establecer penas de ocho años también si hay una intimidación o fuerza contra la Policía en una vía pública durante cualquier reunión de más de tres personas.
También será castigado con hasta un año de prisión quien “desobedeciere una orden de cumplimiento inmediato de realizar o abstenerse de realizar una determinada conducta, emanada de un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o de una persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”. Hasta el momento, la pena más leve para este delito es de 15 días.
De acuerdo con los ministerios de Seguridad y Justicia de Argentina, el nuevo anteproyecto que preparan surge de la "necesidad de preservar el orden necesario para el progreso de la nación, que se ve socavado por la constante falta de respeto a la autoridad y las normas", "que no solo se circunscribe a protestas y reclamos".
“En las últimas confrontaciones de manifestantes con las autoridades policiales, se han configurado hechos graves que han generado rechazo de la inmensa mayoría de la población”, dice un documento al que accedió el diario argentino El Destape.
De acuerdo con el medio, el anteproyecto irá al Congreso junto a la propuesta "antipiquetes".
"Hay algunos delitos que tenían contemplados penas de 15 días a un año que se transforman a penas de seis meses a un año, como es la desobediencia; por ejemplo, si te intiman para levantar un piquete. Ni hablemos del agravamiento por el uso de la cara tapada y hasta tocar con las manos a cualquiera de los agentes de las fuerzas de seguridad", explica Ismael Jalil, abogado de Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi).
Añadió que estas modificaciones fueron "cosas impensadas hace un tiempo atrás y ya están siendo evaluadas como nuevas figuras típicas, es decir, como nuevos delitos del Código Penal que tienden a hacer ejemplares con alguna detención que no llega a ser excarcelable".
En lo que va de 2017, los índices de violencia contra periodistas se ha incrementado en un 30 por ciento con respecto al año pasado. | Foto: EFE
Publicado 3 mayo 2017
El periodista Filiberto Álvarez Álvarez es el quinto asesinado en México en lo que va de año 2017. En ese país existe un 99,75 por ciento de impunidad en casos de violencia contra comunicadores.
Las autoridades mexicanas confirmaron este martes la muerte del periodista Filiberto Álvarez, presentador de un programa en una radio local en el estado de Morelos, con lo cual se eleva a cinco el número de reporteros asesinados en México en lo que va de año.
Los asesinatos y constantes amenazas cometidas contra los periodistas en ese país demuestran el deterioro del ejercicio pleno de la libertad de expresión.
La situación para el gremio se recrudece cada vez más y lo peor es que la voluntad para resolverlo es casi nula. Las cifras hablan: desde el año 2000 hasta la fecha se registran 123 asesinatos, 20 desapariciones y sólo tres casos han sido resueltos.
Noé Zavaleta, corresponsal del diario mexicano Proceso, afirmó que no existe voluntad política, ni compromiso con el gremio por parte de las autoridades del gobierno para resolver los cientos de casos de asesinatos y violencia contra los periodistas.
"No existen compromisos con los medios de comunicación, porque no les interesa la libertad de prensa, nos ha quedado muy claro, sobre todo en el caso de Veracruz donde han ocurrido 20 asesinatos en los últimos 6 años y en el lo que va de gobierno de Enrique Peña Nieto, van 40 asesinatos de comunicadores", agregó Zavaleta en conversación con teleSUR.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.
En México no se cumple, la vida de reporteros está en riesgo.
Las cifras oficiales de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) evidencian que desde julio de 2010 a diciembre de 2016 se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas, de las cuales 47 fueron por asesinatos.
El resultado de los casos no resueltos demuestra la ineficiencia de las autoridades para solucionar la situación. La propia FEALDE en respuesta a una solicitud de transparencia arrojó que solo tiene tres casos resueltos: en el año 2012; y otras dos en 2016, lo quiere decir que el 99,7 por ciento de las agresiones no han recibido una sentencia.
En 2016 aumentaron las amenazas y asesinatos
Según un informe presentado por la organización Artículo 19, en el año 2016 se registraron en todo el país 11 asesinatos y 426 agresiones reportadas, acciones de espionaje gubernamental comprobadas, 72 amenazas a través de redes sociales y una tasa de impunidad de 99,75 por ciento.
El año 2016 fue uno de los peores años para la prensa mexicana. "Fue un año en el cual las autoridades federales, estatales y municipales no pudieron garantizar la vigencia y respeto de los derechos humanos", dijo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
En lo que va de 2017 los índices de violencia contra el sector se ha incrementado en un 30 por ciento con respecto a la fecha del año pasado. Solamente en el mes de marzo ocurrieron tres asesinatos. La situación para los comunicadores es cada vez más tensa y los criminales continúan impunes en las calles.
El asesinato de la periodista Miroslava Breach es el cuarto ocurrido en el primer trimestre de 2017.
Ante la impunidad de los autores de las miles de desapariciones y asesinatos ocurridos, los periodistas se encuentran en una posición vulnerable.
"Los periodistas viven en México en una situación de autocensura, pues en este contexto de violencia y de indiferencia por parte del gobierno, el reportero tiene que cuidar qué dice, cómo dice, cuando lo escribe y en qué medio lo publica", explicó Zavaleta
En su opinión comenta que "un reportero tiene que medir mucho lo que dice, debe ser el termómetro de sí mismo para saber hasta dónde debe llegar".
El dato: Según una investigación realizada por las académicas universitarias Mireya Márquez y Sallie Hughes, el 42,8 por ciento de los periodistas amenazados escribieron notas sobre el crimen organizado.
Para Noé Zavaleta en México la violencia es como una espiral y el Gobierno la deja pasar con una total indiferencia. "A veces pareciera que hasta la matizan y minimizan diciendo que son los medios quienes exageran, por este motivo el periodista queda en una situación muy vulnerable", agregó.
Recientemente la directora general de la Unesco, Irina Bokova, calificó de inaceptable usar la violencia para silenciar a los reporteros: “El miedo y la hostilidad son las herramientas de quienes quieren restringir la libertad de expresión... Quienes hayan perpetrado este crimen no deben permanecer impunes”.
