Revocación ciudadana
Miguel Concha
México asiste a la debacle de la clase política corrupta. Momento propicio para seguir colaborando en la construcción de la unidad en la pluralidad. Las voces indignadas se escuchan por doquier, lo mismo en el centro, que en el norte y el sur del país. Con el alud de reformas estructurales a que nos someten, el inminente el despojo. Urge detener la rapiña de los de arriba. El pasado 5 de febrero la indignación de más de 2 millares de personas se mostró en el Congreso Popular. Pude confirmar que las y los mexicanos tenemos necesidad de hablar, de expresarnos, de gritar nuestra total desaprobación hacia la democracia irrisoria que vivimos. Desde temprano nos dimos cita en el Monumento a la Revolución muchas personas que acudimos al llamado de un grupo de ciudadanos preocupados por nuestro país. Convocatoria que, cabe decir, fue multitudinaria y a través de las redes sociales.
A esta cita llegaron participantes de las 32 entidades federativas, además de observadores de 12 países. El conjunto de congresistas populares fue equitativo: un mismo número de hombres y de mujeres, sus edades oscilaban entre 16 y los 76 años. Las juventudes fueron parte fundamental en el diseño, organización y realización de este Congreso. Estudiantes de diversas universidades, organizaciones y colectivos sobresalieron por su compromiso y dedicación en este ejercicio ciudadano, que bien puede ser replicado en otros estados y regiones del país. De esta forma, en 15 días se constituyó desde abajo un Congreso representativo de las y los mexicanos. Constaté que, a pesar de todo, el pueblo de México está bien informado y tiene una voluntad política lo suficientemente contundente para defender sus bienes comunes de las manos de los capitales privados. El pueblo resiste, pero también propone; protesta, pero también fundamenta sus críticas; es crítico, pero también autocrítico; entreteje esfuerzos para denunciar al mal gobierno, y construye coincidencias desde las diversas perspectivas y opiniones, generando así proyectos alternativos de nación.
El pueblo de México sabe de autonomía, porque en diversas ocasiones en el pasado se ha demostrado a sí mismo que incide en las decisiones que más benefician a un país más justo, digno, democrático y en paz. Puedo también agregar que me encontré con un pueblo creativo, participativo y capaz de gestionar sus propios espacios de opinión. Entonces, ¿qué ha sucedido con la clase política mexicana que dice representarnos y cobra bien por ello? No está. Desaparece. Se diluye en sus propios debates egoístas y partidistas, y se anula de a poco en un Pacto por México, que en realidad es para unos cuantos que se benefician de la opresión de nuestros compatriotas, la explotación de nuestros recursos y la ocupación de nuestros territorios. Desde la primera sesión del Congreso se notó la buena disposición y colaboración de las y los participantes para cumplir en tiempo y forma la orden del día, así como con lo estipulado por el reglamento de procedimientos parlamentarios, elaborado y aprobado por todos para este ejercicio. En la segunda se aprobó por unanimidad y sin mayor discusión la iniciativa popular con proyecto de decreto que deroga las diversas modificaciones a la Constitución Política en materia energética, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de diciembre de 2013, propuesta por cierto enmarcada en un estudio histórico preciso de lo que significó para México la nacionalización del petróleo, bien documentada y jurídicamente bien fundamentada, y provista de una certera reflexión política sobre las implicaciones negativas que trae para las y los mexicanos. En la exposición de motivos se afirma con razón que para la validez constitucional de una reforma de la misma naturaleza no basta con la aprobación mayoritaria de esa decisión, sino que es necesario el cumplimiento de los procedimientos de deliberación, previstos para ello en el artículo 135 de la Constitución, sobre todo si se trata de reformar una decisión tan fundamental como el régimen constitucional de la energía, el petróleo y los hidrocarburos, y cuando fue ignorado un número muy considerable de ciudadanos que quiso expresar su voluntad de manera directa. Cuanto más que, como también recuerda en una nota el decreto popular, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió en el pasado que “las formalidades esenciales del procedimiento legislativo aseguran el cumplimiento de los principios democráticos” (acciones de inconstitucionalidad 9/2005 y 19/2010, que generaron criterios en jurisprudencia).
La iniciativa argumenta que es de conocimiento público que esa reforma fue “leída, discutida y aprobada” en tan sólo 83 horas en total en las dos cámaras del Congreso y las legislaturas estatales, así como que en algunas de éstas fue aprobada en menos de 15 minutos. Añade que de la misma forma se ha sabido que el dictamen no fue discutido en comisiones, además de que la minuta fue votada sin ser leída. “Estas violaciones constitucionales –afirma– son fundamento suficiente para considerar que la reforma constitucional carece de validez jurídica, ya que no hubo un proceso deliberativo sustancial, lo que se traduce en la violación de los artículos 40, 41 y 135 de la Constitución”. Y este incumplimiento –concluye– “conllevó además la violación de otros principios y derechos constitucionales”. De manera oportuna, en el Congreso se propuso también la creación de una comisión que presione desde abajo y en estas horas la unidad de las izquierdas en torno a los objetivos más comunes y estratégicos de nuestra nación. Ojalá que así sea.
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