DEMOCRACIA LA OTRA AMERICA

De última hora, la contraorden de no avalar la reforma que elimina el fuero castrense

Condenable sumisión del Senado ante Ejército y gobierno, dice Pablo Gómez

Establece que tribunales civiles juzguen a soldados por desaparición forzada, tortura o violación

Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Domingo 29 de abril de 2012, p. 8

Al no legislar para eliminar el fuero militar cuando integrantes de las fuerzas armadas cometan delitos contra civiles, el Senado quedó sometido en forma lamentable y condenable a la decisión del gobierno federal y del alto mando del Ejército, sostuvo el senador Pablo Gómez, del PRD.

Durante más de año y medio, el perredista participó en los trabajos para modificar el Código de Justicia Militar, que concluyeron el pasado día 19 con la aprobación en comisiones del dictamen que establecía la jurisdicción de los tribunales civiles en casos de desaparición forzada, tortura, violación, asesinatos y demás delitos cometidos por integrantes del Ejército y la Marina.

El dictamen no se votó finalmente ante el pleno. Al respecto, Gómez Álvarez reveló que durante las negociaciones, el gobierno de Felipe Calderón trató de impedir que se aprobara la parte medular de la reforma, y hasta el final insistió en propuestas que significaban dar paso a tribunales militares con careta de civiles, lo que era inaceptable.

Beltrones y González Morfín se plegaron a exigencias

Lamentó que los coordinadores de PAN y PRI, José González Morfín y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente, se hayan plegado a las presiones del Ejército y la Marina para frenar en el último momento esa reforma, que el Estado debe realizar a fin de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con tratados internacionales.

Reveló que, incluso, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, se molestó por la contraorden de no avalar el dictamen aprobado en comisiones, el cual señala que los elementos del Ejército y la Marina infractores sean procesados en juzgados federales especializados, pero el gobierno pretendía que fueran juzgados especiales –prohibidos en la Constitución–, con un titular especialista en la disciplina y la legislación militar, o un militar en retiro.

Tal pretensión –expuso– fue rechazada por los legisladores, porque aun siendo militares bajo retiro, siguen sujetos a la disciplina castrense, y en esa condición de subordinados no se les puede nombrar titulares de un juzgado, porque éstos tienen la condición de ser independientes e imparciales y no recibir órdenes de nadie.

En un esfuerzo por lograr consenso, los dictaminadores establecieron que los jueces a los que fueran remitidos los elementos de las fuerzas armadas deberían tener conocimiento de las leyes militares, pero ello no dejó satisfechos a algunos generales y desde el gobierno federal insistieron en juzgadores especialistas en la materia, pero nadie es especialista en el tema del Ejército si no opera dentro de éste.

Explicó que los legisladores escucharon otras propuestas del Ejército, como la de remitir a penales militares a elementos castrenses sentenciados, a fin de no exponerlos en cárceles civiles a represalias del crimen organizado, pero no que seguirían siendo juzgados en tribunales militares con careta de civiles, porque eso era un fraude, un gatopardismo evidente.

El dictamen fue votado por unanimidad el pasado día 19, pero González Alcocer ya no lo circuló para firmarlo, lo cual es una irregularidad, una violación al reglamento.

Agregó que el panista estaba molesto porque recibió la contraorden para detenerlo, a unos días de que concluyera el periodo de sesiones, e incluso reconoció que la mayoría de los integrantes de la comisión que habían votado en favor, ya no quisieron firmar porque recibieron una contraindicación.

Gómez Álvarez recalcó que el Ejército y la Armada no aceptan que el Estado mexicano va a tener que asumir el criterio internacional admitido por la inmensa mayoría de los países, de eliminar el fuero de guerra en el caso de delitos y violaciones de derechos humanos de civiles. Es un criterio –recalcó– secundado por la Suprema Corte. Sólo faltó que el Congreso fuera congruente.