Nuevo acuerdo con la DEA "refuerza la Guerra contra las Drogas en México"
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A cuatro meses de terminar su mandato, altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto firmaron un acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) y las autoridades de Chicago que es "un mensaje de que la Guerra contra las Drogas de EEUU en México va a seguir", explicó la directora del Center For International Policy.
Apenas unos días antes que los Gobiernos de México y Estados Unidos anunciaran su acuerdo binacional en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ambos países anunciaron conjuntamente "una estrategia nueva de combate al crimen organizado que apunte a sus finanzas". Para ello, autoridades de la DEA y del Gobierno federal mexicano instalarán una oficina en Chicago, en Illinois, Estados Unidos.
Anthony Williams, jefe de operaciones de la DEA, junto a Eddie Johnson por la Policía de Chicago fungieron como contraparte estadounidense, mientras que los mexicanos fueron Jesús Muñoz Vázquez, titular de la subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDO), Omar García Harfuch, por la Agencia de Investigación Criminal (ambos de la Procuraduría General de la República) así como por representantes de la secretaría de Defensa, la Marina y la Policía Federal.
Sin embargo, consultada por Sputnik, la directora del Center For International Policy, Laura Carlsen explicó que "se trata un mensaje de que la guerra contra las drogas de EEUU en México va a seguir".
Explicó que existen otros casos de acuerdos entre ciudades estadounidenses y México, como en el caso de Los Ángeles (California). Ambas ciudades importantes, con gran presencia de población mexicana y que también sufren del creciente consumo y adicción a los opiáceos entre su población.
"El Gobierno de Enrique Peña Nieto está poniendo candados al modelo actual que ha sido un fracaso. No sólo un fracaso, un calvario, una catástrofe para México. Va a ser más difícil si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere desmantelar el modelo de guerra actual, pero ya empezamos a tener ciertas dudas", dijo Carlsen a Sputnik.
López Obrador anunció después de firmado este acuerdo, que no retirará a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública de las que se ocupan en México, algo que contradice una de sus principales propuestas durante la campaña electoral y tal vez, el principal reclamo de la población mexicana.
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El 2017 acabó como uno de los más violentos en la historia del país al contabilizarse una cifra superior a los 30.000 asesinatos cometidos, elevando el promedio a 25 cada 100.000 habitantes. Además, AMLO anunció que no derogará la Ley de Seguridad Interior de diciembre de 2017, que legalizó la presencia permanente de los castrenses en tareas de seguridad pública en todo el país, algo que ha sido duramente cuestionado dentro y fuera de México, "por todas las organizaciones de derechos humanos y varios constitucionalistas", recordó Carlsen durante la charla. El mandatario electo sostuvo que esperará la decisión de la Suprema Corte de Justicia, donde la norma ha sido impugnada.
"Los signos ominosos que vemos en este acuerdo es que ganó el Pentágono, en el sentido de decirle al nuevo Gobierno de México: ‘Aquí estamos y no nos vamos'", dijo a Sputnik la directora para el Programa para las Américas de CPI.
Otro de los puntos álgidos en la relación entre México y Estados Unidos que ha evadido la luz pública es la negociación de un acuerdo de "Tercer País Seguro" (como el que Turquía tiene con la Unión Europea para contener la migración siria, por ejemplo) que obligaría a los migrantes, mayormente centroamericanos, a pedir asilo en México y no en Estados Unidos.
"Mucha gente está argumentando con fundamento que México no es un país muy seguro para personas que buscan asilo", sostuvo Carlsen. Carlsen también recordó que Trump ha dicho textualmente que "México ayudará en la frontera" y aunque no ha mencionado en cuál ni de qué manera lo hará, "dijo que eso estaba aunque no formalmente, sí debajo de la mesa en las negociaciones" sostenidas para la modernización del TLCAN.
Para Carlsen, el Acuerdo de Tercer País Seguro es "una vergüenza" y haría todo más difícil, por dos razones:
- Porque "implica aceptar una situación de abierta violación a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, que se niega siquiera a escuchar sus casos en la frontera con los EEUU cuando es el país que han escogido para buscar la seguridad que no tienen en su país".
- Porque viene con "unos varios, no sabemos todavía cuántos, millones de dólares dentro la Iniciativa Mérida para ayudar a México para ampliar su capacidad de recibir a personas refugiadas desde Centroamérica".
La iniciativa Mérida es el mecanismo mediante el cual Estados Unidos ha financiado la Guerra contra las Drogas y el crimen organizado en México, que comenzó en 2008 y a la que se ha destinado 2,9 billones de dólares, según publicó Reuters.
"Es una cláusula 'vendepatria' que niega la soberanía de México de decidir a quién procesa, a quien acepta y además refuerza la Iniciativa Mérida que ha sido el vehículo para mayor intervención de EEUU a través de esta política binacional de guerra que tantas vidas ha costado", sostuvo Carlsen a Sputnik.
En el plazo en que la Iniciativa Mérida ha estado vigente, se calcula que al menos 250.000 personas han sido asesinadas en México y que al menos otras 34.000 permanecen desaparecidas. La directora de CPI explicó que el Acuerdo de Tercer País seguro sería una ganancia para Trump de firmarse antes de las elecciones de Noviembre en Estados Unidos porque "a toda esa base racista anti-migrante que lo apoya incondicionalmente puede entregarles el triunfo de haber cerrado la puerta a muchísimas personas buscando asilo".
De firmarse "el acuerdo de Tercer País Seguro disminuirá de manera inmediata el número de casos que EEUU tiene que procesar y el flujo de personas que llegarán buscando refugio y asilo en ese país", concluyó.
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