Desacuerdo en la corte sobre legalidad de información
En vilo, pesquisas sobre desvíos en Sedesol, Odebrecht y Borge
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de noviembre de 2018
Miércoles 28 de noviembre de 2018
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene
en vilo las investigaciones que la Procuraduría General de la República
(PGR) realizó con base en informes financieros obtenidos por medio de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sin orden judicial,
como expedientes relacionados con desvíos de recursos de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol) a universidades y empresas fachada,
Odebrecht y de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo.
Los ministros no alcanzaron mayoría calificada para declarar la
constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 42 de la Ley de
Instituciones de Crédito ni llegaron a acuerdo para que los efectos de
esta legislación no impacten en casos abiertos con anterioridad al nuevo
sistema de justicia penal.
El problema que representa la falta de un criterio definitivo de la
Corte respecto de la fracción primera del artículo 42 de la legislación
mencionada, estriba en que en noviembre de 2017 la primera sala declaró
inconstitucional la obtención de informes financieros de personas que
sean investigadas por delitos fiscales y lavado de dinero, entre otros
delitos, lo que ha provocado que algunos jueces federales apliquen de
manera retroactiva ese criterio, lo que ha llevado a la PGR a perder
juicios y que los acusados obtengan su libertad.
Lo anterior, debido a que los jueces han declarado que la información
obtenida sin orden judicial no puede ser utilizada como prueba de
culpabilidad; por ello existe el temor de que casos como Odebrecht y los
desvíos de Sedesol a universidades y empresas fachada queden sin
castigo para los responsables.
El pleno de la SCJN desechó por seis votos contra cinco el proyecto
del ministro José Ramón Cossío, como parte de una resolución en un
juicio de amparo presentado por Pedro Guillén, quien es acusado de
fraude fiscal y busca ser exonerado al argumentar la
inconstitucionalidad de la fracción primera del artículo 42 de la Ley de
Instituciones de Crédito.
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