Astillero
Cacerolismo pro-Texcoco // Marcha antiobradorista // Esperan resolución judicial // IP: ¿comprar proyecto NAIM?
Julio Hernández López
▲ La caravana de migrantes centroamericanos llegó este martes a
Juchitán, después de pasar por Niltepec y Tapanatepec, en el Istmo de
Tehuantepec. Los primeros en llegar aprovecharon para descansar.Foto Diana Manzo
El golpe sobre la mesa dado
por Andrés Manuel López Obrador, con el caso Texcoco como circunstancia
propicia, ha acelerado la (re)organización de un flanco múltiple de
oposición activa a quien todavía es presidente electo y a su partido
dominante (y, ahora y en lo mediato, institucionalmente imparable)
Morena.
En las redes sociales se está convocando a una concentración en el
Ángel de la Independencia el próximo domingo 11 del undécimo mes,
noviembre, a las 11 horas (11-11-11). A tal movilización se le denomina Marcha por el estado de derechoy está programada para avanzar hacia la Plaza de la Constitución (el Zócalo). Los promoventes invitan a manifestarse en torno a dos exigencias,
No a consulta falsay
Sí a la legalidad, y piden a los participantes ir vestidos de negro, pues
estamos de luto, y llevar cacerolas, pues
somos ciudadanos de la sociedad silenciosa que despertó.
Esa convocatoria intenta nuclear a los variados segmentos empresariales, políticos y sociales que del uno de julio pasado, a la fecha, han carecido de argumentos y banderas para enfrentar al electoralmente avasallador obradorismo. Tan adelantados están los tiempos de los segmentos derechistas que aún no toma posesión López Obrador de la silla presidencial y ya se ha comenzado a mencionar al actual presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, como precandidato presidencial para 2024 a nombre de una coalición estructurada para
salvara la patria. El presunto precandidato es un abogado regiomontano, pero asentado en Mexicali, especializado en asuntos jurídicos empresariales.
Aun cuando los dirigentes formales de las cámaras y representaciones empresariales carecen de fuerza política y económica por sí mismos, pues suelen ser empleados o comisionados de grupos cuyos jefes, los verdaderos multimillonarios, no quieren
perder el tiempoen gerenciar esas organizaciones, a De Hoyos Walther ya se le candidatea en función de un papel empresarial de
redenciónque abiertamente le están pidiendo a ese sector algunos ciudadanos e incluso comentaristas de radio, una de las cuales ha exhortado a los magnates a
poner ordenen México.
A tratar de conjurar el enojo de los grandes capitales ha enviado
López Obrador a tres piezas políticamente lastimadas. Nombró una
comisión en la que participan Alfonso Romo, el enlace original con
empresarios a quienes prometió una conducta de AMLO que no se ha
cumplido conforme a esas ofertas, sobre todo en el caso del nuevo
aeropuerto a construirse en Texcoco. Romo ha perdido, ante sus pares, el
valor de la palabra empeñada y cumplida, lo cual le inhabilita para
estas tareas de reconciliación que le han encargado. El futuro
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, aparece distante o poco presente
en el primer círculo obradorista, angustiado por el desfase entre los
compromisos a cumplir a partir del uno de diciembre y la insuficiente
disponibilidad presupuestaria. Y el próximo secretario de Comunicaciones
y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ha sufrido un fuerte desgaste a
causa de pifias o desinformación técnicas y de una inocultable postura a
favor de la opción de Santa Lucía.
López Obrador mantiene una postura que va de la tranquilidad a la
ofensiva. Ayer, en un video, aseguró que las reacciones en contra de la
consultaprovienen de quienes esperaban hacer gran negocio en los terrenos del actual aeropuerto Benito Juárez, lo que habría sido un desarrollo inmobiliario al estilo del gran lujo de Santa Fe.
La clave del futuro, como ya se ha dicho aquí, pasa por los
tribunales. Los adversarios del obradorismo esperan resoluciones
judiciales que nieguen cualquier validez legal al ejercicio denominado
consulta, especificando que no tiene ningún carácter vinculante. Otra
salida la ha planteado el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid:
que inversionistas nacionales y extranjeros le compren al gobierno la
parte que se ha invertido en Texcoco, para desarrollar a título
enteramente privado el mismo proyecto hasta ahora aparentemente
desechado.
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