Terremoto en México destapa negligencia del Estado
Escrito por
Telesur
El terremoto de 7.1 que sacudió Ciudad de México la semana pasada
expuso graves problemas que implican al Gobierno en un mal manejo de la
atención a las víctimas.
Las acusaciones y denuncias que se han generado luego del sismo en
México han revelado casos de corrupción y negligencia por parte del
Estado, así como de empresas privadas.
Numerosos casos de imprudencias en construcciones cometidas por
empresas privadas en México han sido denunciados. Van desde escuelas,
hasta un alto número de viviendas destruidas.
También, el Gobierno mexicano se ha mostrado irresponsable al no
comprometerse por velar la situación de sus ciudadanos, que aún
permanecen en la calles tras el sismo de magnitud 7.1 del pasado 19 de
septiembre.
Fallas en la infraestructura
Tras el terremoto, el Colegio Enrique Rébsamen quedó destruido. En él
murieron 19 niños y nueve adultos. En medio del dolor por las pérdidas
surgieron denuncias como la presunta falsificación de un permiso de uso
de suelo por la directiva de la escuela. El certificado no fue emitido
por la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi).
Según el artículo 139 del Reglamento de Construcciones la escuela era
una edificación del tipo “A”, esto quiere decir que una falla en la
infraestructura podría conllevar a un grave peligro
La exdirectora de Manifestaciones y Licencias de la delegación
Tlalpan, Julieta Cortés Fregoso, en el 2014 solicitó un documento que
sirviera de prueba de que el edificio era seguro. Para entonces, los
directivos del colegio aseguraron que “no existen defectos en la calidad
de los materiales ni en la ejecución de la obra. El sistema estructural
es el idónea para resistir las fuerzas estáticas y sísmicas”. Lo que
quedó tristemente desmentido por las consecuencias del reciente
terromoto.
Entretanto, aproximadamente 12.000 viviendas fueron afectadas por el
terremoto, y una de las principales causas fue la falta de control de
calidad tanto en los materiales, como en el estudio del suelo donde se
construyeron las obras, según denunció el jefe delegacional de Benito
Juárez, Christian Von Roehrich.
“Se utilizaron materiales de baja calidad que no se sujetaron a la
normatividad del Reglamento de Construcción y de la Manifestación, es
decir, violaron diversas disposiciones legales”, explica.
Acaparamiento de insumos y donaciones
También tras el sismo, los mexicanos denunciaron el acaparamiento de
donaciones que miles de personas estaban ofreciendo a la población
afectada por el terremoto.
Por este caso fue denunciada la esposa del gobernador Graco Ramírez,
Elena Cepeda, quien de acuerdo con las denuncias, dio órdenes de desviar
las ayudas hacia galpones del Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
que es una organización que ella preside. Aseguran que buscaba luego
entregar los donativos a su nombre.
Sin medidas de seguridad, empresas obligan a los mexicanos a acudir a sus trabajos
Por otro lado, otras irregularidades pesaron sobre los mexicanos tras
el desastre natural. Algunas empresas obligaron a sus empleados a
acudir a sus lugares de trabajo aun cuando los inmuebles en donde
laboran están en peligro de desmoronarse.
Entre estos está el Centro Médico Nacional La Raza que continúa en
funcionamiento, pese a que varios pisos fueron afectados. Las
autoridades impiden la revisión de este edificio que cuenta con 10
pisos, de los cuales dos se encuentran inhabilitados debido a los daños
que sufrieron por el terremoto.
Los trabajadores denunciaron que las autoridades son las únicas
responsables de las vidas que se mantienen en este recinto, el pasado 22
de septiembre realizaron una manifestación en las afueras del edificio
para mostrar su descontento.
Otros trabajadores también denunciaron, como los del Palacio de
Hierro en Oaxaca, en la Colonia Roma. “Hay paredes caídas, escaleras
colapsadas y hubo dos muertos. Nosotros, por miedo, no queríamos entrar a
trabajar”, explicó una vendedora.
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