Cataluña se va a dormir sin saber si mañana podrá votar
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REUTERS/ Albert Gea
BARCELONA
(Sputnik) — Un total de 5,3 millones de catalanes están llamados a
participar en el referéndum de autodeterminación convocado por el
Gobierno catalán, una votación marcada por la incertidumbre dado que no
se sabe si llegará a celebrarse por la suspensión del Tribunal
Constitucional y la presencia de las fuerzas policiales para detenerla.
"Esta
votación es histórica para Cataluña, ninguna represión policial
impedirá que los ciudadanos puedan votar, el Gobierno catalán tiene
varias alternativas para garantizar el derecho a votación", explicó a
Sputnik el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.
Por su parte, el presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, aseguró en el cierre de campaña que el 1 de octubre tienen "una cita con el futuro".
Los Mossos D'Esquadra, la policía autonómica catalana, tienen órdenes
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impedir la
utilización de locales o edificios públicos para la celebración del
referéndum, lo que deja en duda que esa "cita con el futuro" vaya a
producirse.
De acuerdo con información emitida el 30 de septiembre por el Ministerio de Interior español, "una gran parte" de los 2.315 centros de votación designados por el Gobierno catalán ya se encuentran sellados.
Colegios ocupados
Con el objetivo de evitar el cierre de más centros, miles de personas organizadas en los llamados Comités de Defensa del Referéndum ocupan desde el 29 de septiembre centenares de colegios electorales y otros recintos donde el Gobierno catalán pretende poner urnas.
"En los centros hay padres, madres, abuelos,
hijos y vecinos que quieren ocupar con actividades pacíficas estos
colegios para evitar que la policía los cierre, el objetivo es llegar a
las 9.00 [hora local] y poder montar la mesa electoral sin altercados
con la policía", explica Xavier, miembro de una de las mesas del barrio
de Gràcia.
Estos comités tienen previsto comenzar la jornada a las 05.00 (hora
local) o en muchos casos quedarse toda la noche, para disponer de todos
los preparativos y concentrarse en las puertas de los centros antes de
la llegada de los agentes, que notificaron a los activistas la
obligación de abandonar los recintos antes de las 06.00.Según una instrucción interna de los Mossos D'Esquadra que se hizo pública en prácticamente todos los medios de comunicación, es a esa hora cuando los agentes se presentarán en los centros de votación para su desalojo. Estas labores, de acuerdo con la citada orden, deberán efectuarse sin emplear la fuerza contra manifestantes pacíficos, a los que se "acompañará" hasta el exterior de los centros.
Ante el previsible cierre de centros electorales, el diputado de la independentista Candidatura de Unidad Popular (CUP) contó a Sputnik que no se descarta trasladar las votaciones a iglesias o centros de salud porque "el Estado no puede cerrarlas".
En una línea similar, Junqueras aseguró que existen "alternativas" si los centros ordinarios son cerrados.
Respuesta policial
Además de la respuesta policial, el referéndum afronta problemas logísticos después de que agentes de la Guardia Civil intervinieran el 30 de septiembre al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) del Gobierno catalán, lo que deja inservibles los servicios de voto telemático y de recuento de los sufragios.
"Con esta actuación queda de relieve algo que
venimos diciendo hace mucho tiempo: este referéndum ilegal convocado por
la Generalitat [el Gobierno catalán] ya ha sido anulado por el Estado
de derecho", aseguró el 30 de septiembre el portavoz del Gobierno
español, Íñigo Méndez de Vigo.
En las últimas semanas, el TSJC ordenó una serie de actuaciones policiales contra el referéndum que provocaron una sucesión casi diaria de registros en los que, además de ser incautadas millones de papeletas electorales, se llegó a detener a altos cargos catalanes.
La sombra de esas detenciones llegó a extenderse hasta alcanzar a Puigdemont, de quien el Fiscal General español dijo
a principio de semana que su arresto es una posibilidad "abierta" ya
que, a su modo de ver, podría estar incurriendo en delitos de
desobediencia y malversación entre otros por mantener la convocatoria de
referéndum.
La respuesta policial al referéndum es señalada de manera recurrente por los convocantes del mismo como el mejor ejemplo de la deriva "autoritaria" de la España de Mariano Rajoy, instalando una narrativa en la que significantes como "urnas y votar" se elevan como garantes de la voluntad democrática por encima de interpretaciones legalistas.
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Participación
Un sondeo de la empresa GASP publicado el 29 de septiembre pronostica una participación del 63%, lo que representaría en torno a 3,4 millones de personas, de los que un 52% votaría en favor de la independencia.
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"Querríamos que participara cuanta más gente
mejor, pero es evidente que el cerco del Gobierno español al 1 de
octubre nos pone un listón muy alto, un millón de personas sería un
éxito desbordante con esta beligerancia del Estado español, y nosotros
trabajaremos para superar esta cifra", afirmó Jordi Sánchez, presidente
de la ANC.
Esa cifra es incluso menor a la registrada el 9 de noviembre de 2014,
cuando el Gobierno catalán convocó una consulta no vinculante para
conocer la opinión de sus gobernados sobre la cuestión independentista.
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REUTERS/ Yves Herman
"Esta Convención reconoce la variable del
contexto durante la votación", por lo que, dependiendo de esas
circunstancias, "la participación mínima para darlo por válido será una u
otra".
El consejero explicó que "en nuestro caso, no nos atrevemos a dar una
cifra porque desconocemos el contexto con el que irán a votar los
ciudadanos convocados a las urnas, puede producirse una represión
injustificable, aunque intentaremos que no sea así".Posición de los partidos
La convocatoria del referéndum cuenta con el rechazo del Gobierno de Mariano Rajoy y de algunas de las principales formaciones de la oposición como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o los liberales de Ciudadanos, grupos que piden a la población no acudir a las urnas.
El referéndum solo es reconocido como válido y vinculante por las fuerzas del independentismo catalán, que cuenta con 72 de los 135 diputados que componen el Parlamento de Cataluña, lo que les permitió sacar adelante la ley del referéndum y firmar su decreto de convocatoria entre feroces acusaciones de la oposición por vulnerar tanto el Estatuto catalán (la máxima norma autonómica) como la Constitución española. A dos aguas entre el independentismo y el rechazo al referéndum quedan Podemos y sus distintos socios u organizaciones territoriales en Cataluña, que —aunque con disensiones internas— se inclinan por calificar a la cita con las urnas como "una movilización legítima" pero sin validez jurídica.
El Ejecutivo catalán manifestó en múltiples ocasiones que, de acuerdo con la ley que ampara el referéndum, si gana la opción independentista proclamará la República catalana en menos de 48 horas.
Del mismo modo, si gana el 'no', los líderes catalanes aseguran que convocarán unas elecciones autonómicas ordinarias. En caso de que se impida la votación, algunos dirigentes catalanes avanzaron la posibilidad de declarar la independencia de forma unilateral, aunque esta opción no cuenta, al menos por el momento, con un consenso claro entre el independentismo, aunque está recogido en el "pacto" entre las organizaciones independentistas, según explicó a Sputnik el diputado de la CUP Carles Riera.
"Existe el pacto político de que si la
violencia extrema imposibilita físicamente el referéndum, proclamaremos
también la República", afirma Riera.
Ante esta situación de incertidumbre, con millones de personas
llamadas a las urnas y la posibilidad de una declaración unilateral de
independencia si no se les permite votar, el Gobierno español ordenó el traslado
a Cataluña de 10.000 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional,
que se suman a los casi 17.000 efectivos de los Mossos D'Esquadra sobre
el terreno en uno de los mayores despliegues policiales —posiblemente
el mayor— en la historia reciente de España. 
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