Concentra 40% de los casos en ocho años
León, primer lugar en abusos contra indígenas en Guanajuato: PDHG
Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 27 de octubre de 2016,
León, Gto.
El ayuntamiento de León ocupa el primer lugar estatal en quejas por violaciones a los derechos humanos de los indígenas; de 42 expedientes integrados en los ocho años recientes en la entidad, 40 por ciento involucran a las autoridades leonesas.
De 2008 a septiembre de 2016, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) recibió 42 quejas de indígenas contra los ayuntamientos de León, Guanajuato, Tierra Blanca, San Luis de la Paz, Comonfort, San Miguel de Allende y Celaya.
La PDHG inició 17 quejas contra las autoridades de León, 13 en Guanajuato, cuatro en Tierra Blanca y ocho en el resto de los municipios mencionados.
En ocho años, el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera emitió 32 recomendaciones por arrestos arbitrarios, discriminación, ejercicio indebido de la función pública, violaciones a la seguridad jurídica y al derecho de petición de integrantes de diversas etnias.
Este año la PDHG ha integrado ocho quejas de indígenas contra las direcciones de movilidad y de comercio del ayuntamiento de León, encabezado por el alcalde panista Héctor López Santillana.
En uno de los expedientes el ombudsman ordenó una medida precautoria para que se garantice la integridad de la otomí María Elena Secundino, discriminada y golpeada por personal del Grupo Halcón de la dirección de movilidad –integrado por ex policías que reprobaron pruebas de control de confianza– por vender dulces en la estación Delta del Sistema Integrado de Transporte.
El titular de movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, ha reconocido que los 40 integrantes del Grupo Halcón operan al margen de la ley al ejercer funciones de seguridad y comercio.
Los mandaron a la dirección de movilidad para realizar actividades de vigilancia en paraderos y estaciones, cuando movilidad no tiene atribuciones en materia de seguridad y tampoco en control de mercados, aceptó en abril pasado.
En aquella ocasión, Margarito Sánchez Hernández, integrante del Consejo Municipal Indígena, denunció ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local que el gobierno de León los golpea, arresta y discrimina por vender en el transporte público.
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