El Senado argentino se apresta a convertir en ley la autorización al gobierno de Mauricio Macri para endeudarse y pagar a los fondos buitre que demandaron al país en Estados Unidos, generando alarma por el peso del nuevo endeudamiento.
La ley autoriza al Gobierno endeudarse en 12500 millones de dólares para saldar la deuda con los fondos buitre que demandaron al país. Con la norma aprobada, la Argentina saldrá a los mercados financieros a comienzos de abril para conseguir el nuevo endeudamiento y pagar a los bonistas.
Si bien los funcionarios del gobierno argumentan que la toma de deuda nueva no será significativa, lo cierto es que se trata de la mayor emisión de deuda de un país emergente en 20 años. Así lo escribió el Financial Times, el diario de negocios inglés: “La Argentina está al borde de emitir la mayor suma de deuda de cualquier país en desarrollo desde 1996”.
El economista argentino Miguel Angel Broda lo confirmó: “Este año necesitamos colocar 40 mil millones de dólares de deuda. Es una oferta muy grande, la mitad de todo lo colocado en el mundo emergente en 2015”, señaló en entrevista al diario Ambito Financiero. Para Broda, esto pondrá “un piso alto a la tasa de interés que pagará el Gobierno”.
Las dimensiones del nuevo endeudamiento han provocado preocupación entre los expertos y economistas. "Vamos hacia el tercer gran ciclo de endeudamiento argentino”, el cual “van a pagar nuestros hijos y nietos”, advirtió Jorge Gaggero, economista del Plan Fénix, en su presentación ante la sesión conjunta de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión del Senado que discutió el proyecto de ley.
El ex diputado nacional Claudio Lozano señaló a Sputnik que “desde el 2005, la Argentina viene aumentando su endeudamiento. Lo que sí cambió fue su composición, porque el 60% es deuda con los organismos del estado, pero el monto total de deuda pública, que es de 250000 millones de dólares, es la mitad del Producto Interno Bruto de la Argentina”.
El problema, para Lozano, es que en la actualidad, “el saldo comercial es inexistente, lo cual indica tenemos problemas para pagar, y por eso tomamos deuda nueva para pagar deuda vieja”, y alertó que “ya no es deuda con organismos del Estado, sino con acreedores externos, por lo cual, volvemos a la espiral del endeudamiento, porque la Argentina no tiene capacidad de pago sobre una deuda mayor”.
© AP PHOTO/ NATACHA PISARENKO
El acuerdo con los holdouts “no despeja ninguno de los riesgos jurídicos existentes, y nos hace reingresar en un ciclo de endeudamiento”, y le da al mercado internacional la señal de que el país “reconoce todo el capital y todos los intereses a fondos que jamás le prestaron un peso al país, con una reducción solo de los intereses punitorios. Es un premio a los especuladores lamentable, y un verdadero retroceso para cualquier discusión futura”, agregó Lozano.
El argumento del Gobierno es que la decisión de endeudarse para pagar a los fondos buitre es necesaria para conseguir más inversiones y volver a los mercados de capital, de los cuales el país salió en 2001, tras declarar el default. Pero no está claro que el endeudamiento propuesto traiga consigo las necesitadas inversiones.
El historiador Alejandro Olmos Gaona, hijo de Alejandro Olmos, que investigó el endeudamiento durante la dictadura (1976-1983), destacó, en su intervención ante las comisiones del Senado, que el argumento de que la deuda servirá para fomentar la inversión ha sido utilizado por los gobiernos que más endeudaron al país. “Lo dijo Bernardino Rivadavia en 1824 con el empréstito Baring; lo hizo el ministro Martínez de Hoz durante la dictadura militar; lo volvió a repetir el ministro Cavallo en 1993 cuando firmó el Plan Brady; también se dijo lo mismo en el año 2001 y así estamos. Toda esa parafernalia discursiva de que tenemos que solucionar esto porque van a llover las inversiones, en la realidad no se dio”, según transcribe Página 12.
Olmos citó al ministro Juan José Romero en 1890, cuando el gobierno argentino debía pedir una moratoria al gobierno de Londres: “Ni se le ocurra pedir nuevos créditos, porque pagar deuda vieja con deuda nueva es ir derecho a la bancarrota”.
Hector Giuliano, otro de los especialistas en deuda externa que expuso ante las comisiones del Senado, agregó que la ley equivale a “un cheque en blanco parlamentario”, porque “estos contratos no contienen absolutamente ninguna información ni antecedente ni liquidación de lo que se paga, de por qué se paga, de por qué concepto se paga. Son meros contratos que dicen que la Argentina pagará tanto porque lo arregló en negociaciones directas el Ministerio de Economía”.
Según un estudio de la Fundación Mediterránea, con los empréstitos que se contraerán para pagar a los fondos buitre, la deuda llegará al 53,5 % del PIB al finalizar 2016, un salto de diez puntos en relación con 2015, cuando la deuda constituía el 43,7 % del PIB.
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