Calderón. Empecinamiento. Foto: Germán Canseco
Jorge Carrasco Araizaga / 12 de noviembre de 2011
Le llevó más de tres años y casi se le acaba el sexenio, pero Felipe Calderón al fin logró parar la demanda de Proceso contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por negar el acceso a las boletas de la controvertida elección presidencial de 2006. Después que el gobierno mexicano intensificó el cabildeo, infiltró un comisionado afín a Calderón y aplicó un castigo financiero, la CIDH emitió, casi a escondidas, una resolución en que desecha el recurso que presentó este semanario en abril de 2008.
A punto de iniciar su último año de mandato, Felipe Calderón logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desistiera de transparentar el proceso judicial con el que ganó la Presidencia de la República en 2006. A golpe de cartera –con recursos públicos– y de intenso cabildeo, moduló la actuación del organismo interamericano para acabar, en esa instancia, con el litigio sobre el acceso a la información en materia electoral.
El viernes 4, sin explicación alguna, la CIDH anunció su decisión de rechazar la demanda de Proceso contra el Estado mexicano por su negativa a darle acceso a la paquetería de la elección presidencial.
El organismo interamericano minimizó su propia decisión al incluirla como parte de un anexo al comunicado de prensa en el que dio cuenta de la finalización de su periodo de sesiones número 143, que tuvo lugar entre el 19 de octubre y el 4 de noviembre en Washington, donde está su sede.
Después de mencionar los temas tratados por sus siete comisionados, el ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) informó sobre peticiones y casos individuales presentados contra Estados miembros, de los cuales aceptó 30 y declaró “inadmisibles” cuatro. Entre estos últimos se cuenta el registrado con el número 492-08, a nombre de Rafael Rodríguez Castañeda, director de este semanario.
Una semana después, al cierre de esta edición, el organismo concebido para la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano todavía no daba a conocer las razones por las que desechó la demanda.
Ante este silencio, Proceso le pidió al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, que fuera más allá de la sola referencia de su decisión hecha en el anexo del comunicado de prensa. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1828 de la revista Proceso, ya en circulación)
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Jorge Carrasco Araizaga / 12 de noviembre de 2011
Le llevó más de tres años y casi se le acaba el sexenio, pero Felipe Calderón al fin logró parar la demanda de Proceso contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por negar el acceso a las boletas de la controvertida elección presidencial de 2006. Después que el gobierno mexicano intensificó el cabildeo, infiltró un comisionado afín a Calderón y aplicó un castigo financiero, la CIDH emitió, casi a escondidas, una resolución en que desecha el recurso que presentó este semanario en abril de 2008.
A punto de iniciar su último año de mandato, Felipe Calderón logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desistiera de transparentar el proceso judicial con el que ganó la Presidencia de la República en 2006. A golpe de cartera –con recursos públicos– y de intenso cabildeo, moduló la actuación del organismo interamericano para acabar, en esa instancia, con el litigio sobre el acceso a la información en materia electoral.
El viernes 4, sin explicación alguna, la CIDH anunció su decisión de rechazar la demanda de Proceso contra el Estado mexicano por su negativa a darle acceso a la paquetería de la elección presidencial.
El organismo interamericano minimizó su propia decisión al incluirla como parte de un anexo al comunicado de prensa en el que dio cuenta de la finalización de su periodo de sesiones número 143, que tuvo lugar entre el 19 de octubre y el 4 de noviembre en Washington, donde está su sede.
Después de mencionar los temas tratados por sus siete comisionados, el ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) informó sobre peticiones y casos individuales presentados contra Estados miembros, de los cuales aceptó 30 y declaró “inadmisibles” cuatro. Entre estos últimos se cuenta el registrado con el número 492-08, a nombre de Rafael Rodríguez Castañeda, director de este semanario.
Una semana después, al cierre de esta edición, el organismo concebido para la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano todavía no daba a conocer las razones por las que desechó la demanda.
Ante este silencio, Proceso le pidió al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, que fuera más allá de la sola referencia de su decisión hecha en el anexo del comunicado de prensa. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1828 de la revista Proceso, ya en circulación)
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