Guerrero: saldos de la descomposición
En la comunidad nahua de Rincón
de Chautla, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, se anunció la
adhesión de ocho niñas y niños de entre 7 y 10 años a la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores.
Los menores, que se dicen sobrevivientes de los enfrentamientos
ocurridos en enero de este año en ese poblado, aparecen en un video,
armados con palos y en posiciones de combate y dispuestos a participar
en la poli-cía comunitaria, a fin de cerrar el paso a grupos delictivos
como Los Rojos y Los Ardillos.
El estremecedor documento videográfico da cuenta de una de las más
terribles consecuencias de las políticas oficiales de décadas hacia el
campo guerrrerense: olvido y desinterés, en el menos peor de los casos,
pero también represión estructurada y complicidad de los tres niveles de
gobierno con grupos delictivos.
Lo anterior ha generado una descomposición tan grave que naturaliza
la idea de la violencia como un recurso inevitable y necesario hasta en
los menores. Y el hecho es entendible, porque las autoridades han sido
tan omisas en su obligación de dar seguridad a los habitantes que a
muchas comunidades no se les dejó otro camino que el de la autodefensa,
lo que a su vez alimenta la descomposición y la ausencia de Estado.
Pero si resultan fundados los motivos de las policías comunitarias y
de grupos de autodefensa, como los que proliferaron en el estado vecino
de Michoacán hace unos años, ello no convierte a tales organizaciones en
un fenómeno deseable: la población no debe ser contrapeso del crimen
organizado ni se tiene que alentar la práctica de la justicia y la
seguridad por propia mano, pues el desempeño de esas tareas
–contrarrestar la acción delictiva y procurar seguridad– es una de las
razones centrales de la existencia de las instituciones públicas: para
eso se pagan impuestos y para eso se otorga a la autoridad el monopolio
de la violencia legítima.
Por lo demás, resulta inaceptable desde cualquier punto de vista la
incorporación de menores a tareas de policía, así se trate de policía
comunitaria. En tales circunstancias, resulta de suma urgencia que las
autoridades federales, estatales y municipales se coordinen y empiecen a
aplicar en Guerrero algunos lineamientos centrales de la estrategia de
paz y seguridad presentada al Senado hace unas semanas por el Ejecutivo
federal.
Cierto que esa estrategia aún no puede ser llevada a la práctica en
su totalidad, habida cuenta de que la Guardia Nacional todavía está en
formación y sigue pendiente el debate sobre la reformulación legal de
los estupefacientes hoy prohibidos.
En cambio, es necesario que se acelere el paso en las acciones de
bienestar, en los procesos de construcción de la paz y otros aspectos
del nuevo paradigma ofrecido por el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador para hacer frente a la inseguridad, la violencia y el embate de
la criminalidad.
Finalmente, la palabra clave para avanzar en esta tarea es
coordinación: coordinación entre el gobierno federal, el Ejecutivo
estatal y los municipios; al menos, aquellos que no hayan caído bajo el
control de la delincuencia.
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