Colombia: Duque incita a la guerra
Escrito por
Arnaldo Musa / Especial para CubaSí
Más preocupado por contribuir al derrocamiento del Gobierno
Bolivariano de Venezuela, el presidente Iván Duque se esfuerza en
revertir el voto parlamentario que le impide eliminar decisiones sobre
el Acuerdo de Paz.
Más preocupado por contribuir al derrocamiento del Gobierno
Bolivariano de Venezuela y desatendido de una población indígena que se
muere de hambre y sed, el presidente Iván Duque dedica grandes esfuerzos
a tratar de revertir el voto parlamentario que le impide eliminar
imprescindibles decisiones sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el
anterior gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Los testaferros de Duque han estado ofreciendo grandes sumas de
dinero a varios parlamentarios para que se vuelva a abordar el tema,
mientras su padrino, el reaccionario expresidente Álvaro Uribe, clama
“consideración” a los esfuerzos de su ahijado para, según él, hacer que
el convenio sea realmente fructífero.
Mientras en gran parte de Colombia se suceden manifestaciones contra
el intento de Duque de tergiversar el convenio, no pasa un día sin que
se reporten asesinatos de líderes sociales, sindicales e indígenas a
manos de las fuerzas paramilitares que, a su vez, son protegidas por el
ejército.
A ello se agrega que la cifra de muertes de ex combatientes de las
FARC pasa de 160, sin contar que algunos han desaparecido y se presume
su trágico final, porque las autoridades no hacen nada al respecto.
Pero de esto se habla poco en los medios y sí bastante de la decisión
de Duque de pedir enmiendas a la norma estatutaria de la Justicia
Especial de Paz (JEP), creada tras la firma del acuerdo de desarme con
la guerrilla de las FARC para tratar los crímenes relacionados con el
conflicto armado.
Nada nuevo
"Nunca los vamos a convencer", afirmó Sergio Jaramillo, Alto
Comisionado para la Paz en Colombia, sobre quienes no creen en el
acuerdo con las FARC.
Y es que estos reparos, Duque ya los había hecho públicos antes de
ser presidente. Es por eso que cabe cuestionarse por qué ha causado
tanto revuelo la situación y por qué se ha llegado a decir que Duque
puede "dejar morir la paz".
La propia JEP se define a sí misma como "el componente del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el
Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC".
Es decir, es una jurisdicción paralela que debe juzgar a ex
guerrilleros, militares, agentes del Estado y civiles vinculados a
delitos relacionados con la guerra de más de medio siglo que culminó
nominalmente con la firma del acuerdo de paz del 1 de noviembre del
2016.
Aquellos que son y serán juzgados en la JEP pueden acceder a penas
menores que los que impone la justicia ordinaria, siempre y cuando
reconozcan su culpabilidad y cumplan otras condiciones como entrega de
bienes y de información. Además se benefician con la garantía de no ser
extraditados. Estos dos elementos, las penas reducidas y la no
extradición, fueron los más combatidos por los detractores del acuerdo
de paz.
Por su parte, las principales autoridades de esta instancia especial
señalan que centran su trabajo en reparar a las víctimas, la búsqueda de
la verdad y que la paz sea duradera.
La JEP comenzó a funcionar en los primeros meses del 2018, aunque solo siete casos se han abierto hasta hace unos días.
El primero, denominado 001, está relacionado con secuestros y
retenciones ilegales perpetradas por las FARC. El 003, por ejemplo,
investiga los "falsos positivos", un escándalo que estremeció a Colombia
hace una década, cuando se descubrió que jóvenes fueron asesinados para
después ser presentados como guerrilleros dados de baja.
El séptimo y último que ha sido abierto versa sobre el reclutamiento y utilización de niños y niñas durante la guerra.
Hasta ahora se han tomado decenas de declaraciones en los casos
abiertos y miles de exguerrilleros, militares y agentes del Estado han
aceptado someterse a la justicia especial.
Pero Duque, taimadamente, quiere eliminar seis puntos de los 159
artículos que componen la ley estatutaria de la JEP, siendo los más
controversiales los referidos a la reparación económica de las víctimas y
a la extradición.
En la primera objeción, pide que los condenados sean los que realicen
la reparación "con sus bienes y activos", algo que en su criterio no
está especificado, porque la ley se limita a señalar "reparación
integral".
Uno de los puntos más álgidos es el relacionado con la extradición.
Duque rechaza que la JEP tenga la potestad de decidir cuándo procede o
no extraditar a una persona juzgada en los tribunales especiales.
El mandatario sostiene que congelar las posibles extradiciones que
puedan resultar de investigaciones internacionales hará que Colombia
incumpla acuerdos con la comunidad internacional en materia de lucha
contra el crimen, y sostiene que estas acciones conjuntas entre países
deben mantenerse.
Este tema tiene mayor notoriedad dado que un excomandante de las
FARC, Jesús Santrich, se encuentra detenido y con un pedido de
extradición en suspenso por haberse sometido a la justicia especial.
En criterio de Jaime Córdoba, miembro del colectivo académico
iusDigna, "la falta de vigencia de la ley estatutaria priva al país de
un marco claro y definido y dificulta la justicia para la paz".
"La decisión de objetar puede minar la confianza de los ex
combatientes que buscan la reincorporación y de la comunidad
internacional sobre la implementación del acuerdo de paz", añade el
experto.
Por su parte, Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz en el gobierno
de Juan Manuel Santos, afirma que lo que hizo Duque son "objeciones
inconstitucionales y fuera de lugar", pero señala que ese no es el mayor
problema.
"Estamos ante un desacato presidencial de un fallo de la Corte
Constitucional, un desconocimiento del tribunal de cierre. Una
barbaridad", afirmó en una entrevista con el diario colombiano El Espectador.
Jaramillo opina que Duque "se quitó la máscara y se entregó a los extremistas de su partido", y señaló:
"Ahora se muestra como un hombre dispuesto a dejar morir la paz sin
pestañear y a fracturar el estado de derecho desde la Presidencia".
Para Rodrigo Londoño, alias Timochenko, jefe del ahora partido FARC,
las observaciones a la ley son una "incitación a la guerra".
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