Aumentan secuestro y extorsión
QR, paraíso del crimen; este año, 288 ejecuciones
Señalan operación de mafias internacionales en el estado
▲ A principios de mayo policías ministeriales y estatales de Quintana Roo, así como militares, realizaron la operación Código rojo, luego del asesinato del agente de seguridad privada Antonio J. P.
Foto La Jornada
De la Redacción
Periódico La Jornada
Martes 21 de mayo de 2019
Martes 21 de mayo de 2019
Quintana Roo, el estado con la industria turística de
mayor crecimiento en el país, atraviesa por una crisis de inseguridad y
violencia ocasionada por grupos del crimen organizado: este año suman
288 ejecuciones, la mayoría perpetradas en los ayuntamientos de
Benito Juárez (Cancún), con 177, y Solidaridad (Playa del Carmen), con
88, ambos gobernados por el partido Morena desde el 30 de septiembre
pasado.
Es tal la preocupación de los hoteleros que algunos han llegado a
proponer cerrar durante un mes los centros de hospedaje para presionar a
las autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de que atiendan
sus reclamos y apliquen cuanto antes medidas contundentes para poner fin
a este
paraísode las células delictivas locales, nacionales e internacionales.
La cifra de 288 ejecuciones en los primeros cinco meses y medio de 2019, según un recuento de La Jornada, se
completa con 10 casos recientes en Tulum, uno de los destinos
turísticos con menor población; cinco en Puerto Morelos, tres en
Chetumal, capital del estado; tres en Felipe Carrillo Puerto y dos en
Isla Mujeres.
En su reporte de marzo pasado, el organismo civil Semáforo Delictivo
Quintana Roo ubicó a la entidad gobernada por Carlos Joaquín González en
el quinto lugar nacional en homicidios; undécimo en secuestro, séptimo
en extorsión y decimoquinto en robo de autos.
Además, se ubica en
semáforo rojoen extorsión, narcomenudeo, robo a casa habitación, a negocios, lesiones y violencia familiar. Benito Juárez y Solidaridad concentran el mayor número de esos ilícitos.
El ex presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Abelardo
Vara, quien en días pasados sufrió un intento de secuestro, advirtió que
la situación es tan grave que la ocupación hotelera cayó 4 por ciento,
en comparación con el mismo periodo del año pasado, que además fue menor
en relación con 2017.
Las tarifas también han ido a la baja; hoy son 15 por ciento menores a
las de 2018 y las habitaciones las alquilan turistas con menor poder
adquisitivo.
Es decepcionante. No estamos para echar porras a nadie, reprochó.
Hoteleros llaman a huelga y culpan a extranjeros
Explicó que la situación de inseguridad y violencia que
se vive en Quintana Roo ha sido aprovechada por otros países que
compiten con el Caribe mexicano y registran las mayores ocupaciones de
su historia, con grandes derramas económicas. Por ejemplo, afirmó, gran
parte del turismo estadunidense
se redirigió al resto del Caribe.
Abelardo Vara propuso a los hoteleros de Cancún que cierren los
centros de hospedaje durante un mes, aunque implique un daño económico
terrible, ya que se verían afectados miles de trabajadores y la economía local. Pero
es un intento para que todos los niveles de gobierno entiendan que lo que sucede en Cancún repercute en todo el país, y de una vez por todas pongan una solución.
Fuentes oficiales que pidieron anonimato advirtieron que la ola
delictiva que se vive en Quintana Roo es provocada por bandas criminales
locales, nacionales e internacionales, entre ellas las mafias rusa,
israelí y rumana, además de grupos cubanos, colombianos y venezolanos
con presencia en toda la entidad.
Todos se especializan en narcomenudeo, narcotráfico, trata de personas, secuestro, pornografía infantil, ejecuciones y cobro de derecho de piso, entre otros delitos.
Atribuyeron el aumento de la delincuencia a la detención de Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety o La 40, ex policía federal que era líder del cártel de Cancún.
Cuando sus cómplices quedaron sin jefa se reagruparon en células
más sanguinariaspara ganar espacios, incluso haciéndose pasar por miembros de los cárteles Jalisco Nueva Generación, Los Zetas o de Sinaloa.
Antros extorsionados y obligados a vender drogas
Los entrevistados sostuvieron que el
coctel delictivode la entidad
es muy complejo, porque los propietarios de todos los negocios de la Quinta Avenida, en Playa del Carmen, y los antros de Cancún pagan
derecho de pisoo son obligados a vender drogas.
En Chetumal grupos de colombianos, cubanos y venezolanos obligan a
los comerciantes a contratar con ellos préstamos que se vuelven
impagables, por lo cual los obligan a que les den sus ganancias, y
cuando no realizan el pago correspondiente incendian sus negocios o
vehículos.
Mientras, las células delictivas locales se dedican a robar,
secuestrar, asesinar a pequeños comerciantes y civiles, haciéndose pasar
por integrantes de cárteles.
La ola de ejecuciones, añadieron, ya rebasó la capacidad de
los servicios forenses de la Fiscalía General del Estado para almacenar
cuerpos, pues se requieren instalaciones especiales con frigoríficos y
equipo para identificación de restos.
Los informantes revelaron que hay 250 cadáveres sin identificar; pero
desconocen dónde los resguarda el personal de la dependencia, porque
no hay espacio suficiente. Se intentó edificar uno en Chetumal, pero por
la negligencia de altos funcionarios, el proyecto fracasó. Ahora buscan un lugar en Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos.
El representante de Ángel Ciudadano en Quintana Roo, Hernán Cordero
Galindo, afirmó que el aumento de la inseguridad se ha estado
fermentandodesde hace tres sexenios, en los cuales los gobernantes priístas Roberto Borge Angulo (2011-2016), Félix González Canto (2005-2011) y Joaquín Hendricks Díaz (1999-2005) “no hicieron nada por contenerla, y contaron con la complicidad de empresarios
sin escrúpulos que por comodidad se prestaron a decir que las cosas iban mejorando”.
Mencionó que desde hace años se veía venir este problema porque las
autoridades no trabajaron para garantizar el estado de derecho, no hubo
ni hay control sobre la actuación del Ministerio Público; tampoco existe
certificación de cárceles ni de los impartidores de justicia.
Hay 99 por ciento de impunidad en los procesos legales, aseveró.
Durante 2018, en Benito Juárez (Cancún), hubo alrededor de 550 ejecuciones; en
lo que va del año suman por lo menos 177; mientras, en Solidaridad
(Playa del Carmen), se cometieron el año pasado 81 asesinatos
presuntamente relacionados con el crimen organizado; en 2019 ya suman
88.
Desde el 30 de septiembre pasado, María Elena Hermelinda Lezama
Espinoza gobierna Cancún y Laura Beristain Navarrete, Playa del Carmen;
ambas llegaron al cargo postuladas por Morena.
La noche del pasado 13 de mayo un comando atacó a los clientes de la
cervecería Chapultepec, en Playa del Carmen, con saldo de un muerto y 11
heridos. Al día siguiente el gobernador Carlos Joaquín González emitió
un decreto para aplicar el mando único policiaco en Quintana Roo, con el
cual las direcciones o secretarías de seguridad pública municipales
quedaron bajo las órdenes del secretario estatal del ramo, Jesús Alberto
Capella Ibarra.
La medida provocó una confrontación con la alcaldesa de Solidaridad
(Playa del Carmen), Laura Beristain Navarrete, quien dijo que defendería
ante las instancias legales la autonomía municipal manifiesta en el
artículo 115 Constitucional.
En respuesta, el mandatario advirtió que quien no se sujete a la
nueva disposición enfrentará sanciones políticas, administrativas y
penales. El 16 de mayo, dos días después de que entró en vigor el mando
punico policial en el estado, en Playa del Carmen fue asesinado el
periodista Francisco Romero Díaz, dueño del portal Ocurrió Aquí.
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