En 2016, los gobiernos de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado
de México, así como el Congreso de Morelos y la delegación Milpa Alta desviaron
dinero para el PRI.
Autoridades de 7
estados desviaron en 2016 alrededor de 650 millones de pesos (mdp) a 12
empresas fantasma presuntamente protegidas por el SAT en un esquema de
financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI, documentó la
organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con la
investigación de MCCI, las empresas fantasma recibieron en 2016 transferencias
de los gobiernos priistas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de
México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la
Ciudad de México para la “Operación Safiro”, nombre usado por los mismos
operadores del PRI
Del total, 250 mdp
provinieron de Chihuahua y 400 millones más de otras 6 entidades.
Revelado a fines de
2017 por The New York Times y Proceso, el caso de Chihuahua evidenció que el
desvío de recursos estaba dirigido por el entonces dirigente del PRI, Manlio
Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento
encabezaba Luis Videgaray. Ambos personajes ha negado las acusaciones
Ricardo Yáñez, ex
secretario de Educación de Chihuahua y quien fue sentenciado a cuatro años de
cárcel por el desvío de recursos, declaró al Ministerio Público que en una
reunión realizada en 2016 en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese
partido le dijeron que no se preocupara porque las empresas fantasmas
utilizadas “estaban blindadas por parte del SAT y que además Chihuahua no era
el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había
ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”, indicó MCCI en su
reportaje.
Según la información
recopilada por la organización, los mayores desvíos realizados en 2016 a la red
fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priistas de
Chihuahua, César Duarte (246 mdp); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 mdp) y
Sonora, Claudia Pavlovich (140 mdp).
El Congreso de
Morelos transfirió al menos 16.4 mdp y el Gobierno de Colima, encabezado por
José Ignacio Peralta, otros 15 millones.
MCCI comprobó que
los accionistas de las empresas involucradas en los desvíos en los siete
estados son en realidad prestanombres, pues se trata de habitantes de colonias
populares y marginales de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
El modus operandi de
todo el esquema consistía en transferir los recursos a las empresas fantasma y
de ahí a otras firmas o personas físicas, en transacciones de aparente lavado
de dinero o para desaparecer la pista del destinatario final.
Por ejemplo, el 7 de
abril de 2016 el gobierno de Chihuahua transfirió 246 mdp a cuatro cuentas en
el Banco Santander a nombre de las empresas SINNAX, SAMEX, SISAS y Despacho de Profesionistas
Futura, en pago a servicios que nunca se ofrecieron.
A los pocos días, la
mayor parte del dinero pagado por Chihuahua fue transferido a empresas
vinculadas, así como a personas físicas, algunas de las cuales resultaron ser
los propios prestanombres, sus parientes y amigos. Otra porción de los recursos
desviados fue a dar a un despacho en Monterrey, que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) ha colocado en la lista negra por simular
operaciones comerciales.
En la investigación,
MCCI localizó operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el
periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priísta Jorge Alvarado en
la delegación de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, aunque en ambos
casos los montos documentados fueron mínimos. En el caso del Edomex, no fue
posible determinar el monto real de las transferencias debido a que el gobierno
de esa entidad ocultó información de contratos, apuntó la organización.
En una base de datos
elaborada por MCCI, se comprobó que el año en que ocurrió el desvío, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) multiplicó las asignaciones
presupuestales a tres de las entidades involucradas.
Las participaciones
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que la SHCP maneja en
forma discrecional, aumentaron en 2016 más de 500% para Chihuahua, 22% para
Colima y 12.7% para Durango.
Karla Arely Jurado
Bafidis, quien también fue sentenciada por el desvío de recursos en Chihuahua,
coincidió en su declaración ministerial que dos de sus superiores en la
Secretaría de Educación le informaron que en el financiamiento de campañas
electorales del PRI participaban los gobiernos de otros estados.
“Dijeron que urgía
que sacara ese dinero (246 millones) que se iba a utilizar para el PRI nacional
y que varios estados del país también estaban aportando recursos y que a
Chihuahua le tocó aportar esa cantidad”, señaló en su testimonio, de acuerdo
con MCCI.
Los testigos
aseguraron que Alejandro Gutiérrez, quien en 2016 se desempeñaba como secretario
general adjunto del PRI nacional, fue quien puso los nombres de las empresas
que simularían operaciones para concretar el desvío de fondos.
Gutiérrez, recordó
MCCI, estuvo preso 9 meses acusado de peculado por el actual Gobierno de
Chihuahua que encabeza Javier Corral, aunque fue liberado el 28 de septiembre
de 2018. Desde esa fecha se le colocó una tobillera de seguridad, como parte de
una medida cautelar que lo obliga a permanecer en el estado de Chihuahua,
mientras avanza el proceso.
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