Damnificados: organizar la ayuda
Cientos de miles de
personas damnificadas por los efectos desastrosos de los sismos del 7 y
del 19 de septiembre permanecen a la intemperie, con su patrimonio
perdido y sin más ayuda que la que pueden brindarles vecinos y amigos.
Esto ocurre en decenas de localidades de Chiapas, Oaxaca, Puebla,
Morelos, el estado de México e incluso en zonas del oriente y el sur de
Ciudad de México.
El vasto esfuerzo social desplegado desde que el primero de esos
movimientos telúricos golpeó el Istmo de Tehuantepec y la región de la
costa en Chiapas, y notablemente redoblado tras el segundo terremoto,
que extendió el mapa de los daños por Puebla, Morelos, el estado de
México y la capital del país ha resultado indispensable y crucial para
rescatar a personas con o sin vida de entre los edificios colapsados,
brindar auxilio, alimentación, albergue y ropa a parte de los afectados e
incluso para iniciar procesos de reconstrucción todavía embrionarios,
pero mucho de ese empeño colectivo se ha desaprovechado por la ausencia
de instancias de coordinación dotadas de credibilidad y capaces de
organizar y racionalizar la ayuda, de manera que no quede una sola
población huérfana de ella.
Resulta claro, por otra parte, que la zona central de Ciudad
de México ha acaparado los reflectores mediáticos y, con ellos, muchas
voluntades de auxilio. No podría ser de otra manera, ciertamente, así
fuera sólo por el centralismo histórico que caracteriza al país y por
las carencias de transporte y comunicaciones –tradicionales y hoy
agudizadas– de localidades, que a los percances humanos y materiales
causados por los sismos deben sumar ahora el aislamiento.
Pero es inadmisible esgrimir las condiciones arriba mencionadas como
pretexto o justificación para el retraso, la insuficiencia o incluso la
ausencia total de auxilio a los centros poblacionales que lo siguen
necesitando de manera desesperada.
En suma, es claro que se requiere de un esfuerzo organizativo mayor
que el hasta ahora realizado, tanto por parte de las instancias de la
sociedad civil como de las autoridades de los tres niveles de gobierno, y
no sólo en la atención inmediata y primaria de las necesidades de los
damnificados, sino también en un trabajo de reconstrucción que será
necesariamente mayúsculo y que va a exigir un trabajo sostenido durante
muchos meses.
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