#FuerzaMexico--------LIBERTAD A MARZIE HASHEMI Y MILAGROS SALAS----------A 60 AÑOS REVOLUCIÓN CUBANA..... 2 DE OCTUBRE, NO SE OLVIDA..........
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" Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos"
Pablo Neruda:
Los
6.778 millones de pesos aprobados por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) para entregar a los partidos políticos
mexicanos de cara a la campaña electoral del 2018, han regresado a la
mesa de discusión el tema del financiamiento público de las elecciones.
De
inicio, no es tanto el carácter público de esa subvención lo que se
cuestiona, sino el monto de la misma —"el más alto de la historia que el
Estado mexicano destinará a financiar la política", según reconoció el
consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova—, cifra que viene a
confirmar lo revelado en una investigación efectuada por la BBC el
pasado año: la mexicana es la democracia más costosa del mundo.
En
efecto, si se divide lo gastado en una campaña electoral entre el
número de votantes —metodología utilizada por la BBC— los cocientes
arrojan que en México el voto cuesta más del doble que en Estados Unidos
y es mucho más caro aún que en países como Rusia y Francia: 11.67
dólares por cada votante estadounidense y 0.44 y 1.88 dólares en los
casos de Rusia y Francia, respectivamente. En el ejercicio electoral
mexicano del 2012, dicha división arrojó un cociente de 25 dólares. Es
previsible entonces que esa cifra aumente en el 2018 por el monto que
entregará el INE a los partidos políticos para sus campañas.
A pesar de lo exorbitante de la
cifra —que todavía debe pasar el filtro rutinario de los diputados del
Congreso de la Unión, quienes provienen de esos mismos partidos que
viven del erario—, la misma se ajusta estrictamente a la sencilla
fórmula de cálculo establecida en el artículo 50 de la 'Ley General de
Partidos Políticos': el 65% del salario mínimo se multiplica por el
número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. De ahí que en el
fondo, más allá del monto, y por más que se tenga la certidumbre de
que —cito de memoria— "la democracia no tiene precio, pero las
elecciones sí", lo que de veras incomoda son otras cuestiones, como el
hecho primario de que se trata de un dinero que sale del bolsillo de los
contribuyentes, a muchos de los cuales mortifica que vaya a parar a las
arcas de partidos con cuya ideología no comulgan.
Y
tienen razón: la equidad que se pretende con esta subvención disimula
una falla intrínseca, pues si bien el financiamiento de los partidos
políticos llevó a elecciones más competitivas en México al permitir la
existencia de una oposición real que en el año 2000 dio al traste con la
'dictadura perfecta' del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
ello no se ha traducido en elecciones más transparentes, toda vez que
los demás partidos no tardaron mucho en replicar las mismas artimañas
que el PRI (acarreo de votantes, ordeño de urnas, uso electoral de
programas sociales), además de introducir nuevas pillerías como la
obscena descalificación de candidatos, el uso de dinero distinto a las
formalidades del financiamiento público y la compra de minutos de
publicidad en radio y televisión ajena a los tiempos establecidos por el
INE.
Otro de los cuestionamientos al
financiamiento público de las elecciones parte del hecho de que una
mayor divulgación de noticias sobre los partidos no ha implicado una
mayor participación ciudadana en las elecciones; al contrario, el
abstencionismo ha aumentado debido a que el manejo de los recursos
públicos por parte de las cúpulas partidistas ha impedido que candidatos
con reconocimiento popular puedan competir en igualdad de condiciones
con aquellos que cuentan con la bendición de sus dirigencias. Ello se ha
traducido en una fragmentación del voto, cuya mejor (peor) expresión se
dio en el año 2012 cuando el actual presidente de México resultó electo
con el voto del 38% de los sufragantes. La actual legislación electoral
del país no contempla una segunda vuelta que sirva para conjurar
desatinos como ese.
Quizás
el secreto para quitarle a México el sambenito de 'la democracia más
cara del mundo' pase por replicar las experiencias de Francia o Rusia,
por aludir a dos países que se mencionan en el ya referido estudio de la
BBC. Francia, se dice ahí, fija en 22 millones de dólares la cifra
máxima que puede gastar un candidato en una campaña presidencial
(extensible a 30 millones si pasan a una segunda vuelta) y limita los
aportes de los ciudadanos a los partidos y prohíbe su financiamiento por
parte de las empresas; Rusia, por su parte, también pone un tope a los
gastos de los candidatos (unos 400 millones de rublos, poco más de 6.8
millones de dólares al cambio actual), además de que sólo pueden usar
dinero de su propio bolsillo, el que reciban de sus partidos y entidades
autorizadas, y el que aporten los donantes voluntarios.
Por
ahora todo ello resulta una quimera en México, un país donde el
financiamiento público ha provocado la existencia de institutos
políticos que acceden a importantes sumas de dinero a pesar de resultar
sempiternos perdedores en las contiendas electorales. Es una enfermedad,
compartida con otras democracias, que genera la creación de partidos
con ideologías mutantes salvo en lo concerniente al dinero público que
los financia. Una posible solución para evitar la proliferación de
nuevos partidos —sugerida por Luis Carlos Ugalde, exdirector del INE—,
es que estos sólo accedan al financiamiento público después que hayan
obtenido en alguna elección el 3% de los votos que hoy se les exige para
que mantengan su registro ante la autoridad electoral y no, como ocurre
a la fecha, tras cumplir los trámites de inscripción, pues los
requisitos que se solicitan para ello —presentar una declaración de
principios, programa de acción y estatutos, así como acreditar una cifra
determinada de afiliados y haber efectuado la cantidad de asambleas
estipuladas por ley, entre otros— propician el uso de subterfugios como
la alianza con sindicatos, por citar la usada por el Partido Nueva
Alianza (PANAL), una criatura política engendrada por la ex todopoderosa
líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
Elba Esther Gordillo, actualmente en prisión.
Otra
posible —y justa— solución a este problema pudiera ser la entrega de
dinero a los partidos en base a los votos obtenidos en las urnas y no
por el padrón total de electores. La propuso el diputado local
independiente Pedro Kumamoto en su iniciativa "Sin voto no hay dinero",
que fue aprobada por el Congreso de Jalisco, pero todavía no ha sido
discutida en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión lo cual no
resulta nada extraño: del 2015 a la fecha, en la Comisión de Puntos
Constitucionales de dicha Cámara se han presentado 16 iniciativas para
reducir el financiamiento a los partidos, pero cinco han sido
desechadas, una retirada sin discutirse y otras diez esperan por el
debate, según publicó recientemente el periódico Reforma.
Pero sea público o privado el
financiamiento de las elecciones en México, sea excesivo o moderado el
dinero que se mueva en ellas, el problema de fondo radica en la
ineficiencia del INE para exigir transparencia en la utilización de esos
recursos, pues se rebasan los topes de campaña y no pasa nada, lo que
no es más que el reflejo de la ineficiencia del Estado mexicano para
combatir el flagelo de la corrupción. Y mientras ello ocurra, el amplio
espectro político que supone la existencia de muchos partidos apenas si
será un deslustrado espejismo y la ideología pasará siempre a un segundo
plano profanada por ese 'poderoso caballero' que es 'Don Dinero'.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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