Cómo EU vetó a un general para encabezar la Sedena
The New York Times reveló ayer una noticia que ya se sospechaba: resulta que Estados Unidos tiene poder de veto en la elección del secretario de la Defensa Nacional de México. En una nota firmada por Ginger Thompson, Randal C. Archibold y Eric Schmitt, publicada ayer en la noche en su sitio de internet, el diario neoyorquino afirma que el gobierno estadunidense se opuso a la promoción del general Moisés García Ochoa, quien era uno de los candidatos fuertes para convertirse en el titular de la Sedena al haber encabezado el desfile militar del día de la Independencia. Las acusaciones son muy delicadas:
“La administración del presidente Obama tenía muchas preocupaciones sobre este general, desde la sospecha de la Agencia para el Combate de las Drogas [la DEA] de que él tenía vínculos con narcotraficantes, hasta la ansiedad del Pentágono (el Departamento de Defensa) de que usó incorrectamente suministros militares y esquilmó dinero de contratos multimillonarios de defensa”.
Funcionarios estadunidenses apodaban al general García Ochoa como El Diez por Ciento por la manera en que manejaba los contratos: “Dos funcionarios recordaron cómo el general había pedido formalmente la asistencia estadunidense para la unidad de helicópteros militares, para luego echarse para atrás del arreglo cuando Estados Unidos solicitó ver los libros —incluyendo los registros financieros, de vuelo y combustible de la unidad—”. Estamos hablando, para ponerlo en buen español, de un típico caso de corrupción gubernamental.
Más aún, la DEA sospechaba del militar mexicano que, según la nota, gozaba de mucho prestigio en nuestro país. Un agente retirado de esta organización afirma que “múltiples fuentes” lo ligaban con narcotraficantes, pero que nunca pudieron encontrar una prueba fehaciente como para perseguirlo judicialmente. La nota afirma que, cuando el general era coronel y jefe de la unidad de inteligencia antinarcóticos, estableció vínculos con ciertos cárteles. En una ocasión dirigió un ataque en contra del cártel de Juárez en el que “deliberadamente permitió que el capo Amado Carrillo Fuentes escapara”, retrasando las órdenes para que éste abandonara el lugar.
Fue el embajador estadunidense en México el que informó al equipo del entonces Presidente electo, Enrique Peña Nieto, de la preocupación de Washington por el posible nombramiento del general como secretario de la Defensa. Una semana antes de la toma de posesión, Anthony Wayne se reunió con Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, ambos operadores políticos del Presidente electo, actualmente secretarios de Estado.
De acuerdo con la nota, ni el general García Ochoa ni ningún funcionario mexicano quisieron opinar sobre los alegatos del reportaje. No obstante, se trata de una papa muy caliente para el gobierno de Peña que por lo menos debería responder dos preguntas:
1. ¿Las sospechas del gobierno estadunidense se tomaron en cuenta en la decisión de nombrar al general Salvador Cienfuegos como secretario de Defensa en lugar del general García Ochoa?
2. ¿Se iniciará algún tipo de investigación en México sobre las sospechas de corrupción gubernamental y vínculos con la delincuencia organizada del general García Ochoa?
Estas revelaciones periodísticas, que una vez más vienen de Estados Unidos, como suele suceder en estos casos, nos llevan a un asunto más de fondo: ¿Cuál es el nivel de involucramiento de nuestro poderoso vecino en la lucha en contra del narcotráfico aquí en México? ¿Hasta dónde llega la cooperación entre las dos naciones? Siendo ambos países democráticos, ¿no debería transparentarse más esta relación?
Un dato que aparece en la nota de The New York Times me llamó la atención en este sentido: “el número de intercambios entre el Pentágono y los militares mexicanos ha crecido drásticamente, de tres eventos en 2009, a más de cien el año pasado, de acuerdo con un reporte en Small Wars Journal, una publicación militar independiente de internet”. Estamos hablando de un crecimiento de más de tres mil por ciento en tres años.
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