Paraguay: El retroceso
miércoles, 17 de octubre de 2012
José Antonio Vera (especial .info)
Federico Franco, el golpista ungido a Presidente de Paraguay, caracteriza de la mejor manera a la verdadera naturaleza intencional e ideológica del sector social que está comprometido con el quiebre institucional del 22 de junio último y en la autoría del retroceso del país a la situaciones políticas, sociales y económicas de hace un cuarto de siglo.
En menos de cuatro meses, se acumula, objetivamente, un arsenal peligroso de ese descenso administrativo, que sus conductores, sin excepción, como si lo hubieran aprendido en un curso rápido de liderazgo, intentan ocultar con permanentes sonrisas de ganadores, casi burlesca, mucha fotografía en cada uno de sus desplazamientos, promesas a doquier, corrupción, triunfalismo, paz con represión, negociaciones sobre el patrimonio nacional a espaldas de la ciudadanía, minimización de las políticas sociales, y haciendo de la mentira una expresión práctica importante del método del gobierno.
El actual titular del Ejecutivo paraguayo podría estar preso a esta hora o, al menos sometido a juicio, si en este país se aplicara la ley como se hizo contra Fernando Lugo, desplazado con un juicio político que, ciertamente, la Constitución contempla y, aunque su aplicación provoque serios cuestionamientos de juristas respetables, porque inauguró a nivel planetario el método exprés y lo condenó en 32 horas, noche incluida, eliminando toda posibilidad de defensa en tiempo normal, para reunir la documentación necesaria.
A Lugo se le impidió demostrar que la denuncia de mal desempeño en sus funciones, fue simplemente un pretexto golpista, en cambio, ayer nomás, algunos senadores presentaron pruebas contundentes e irrebatibles para someter a juicio político a Franco por violar la Constitución, al falsear una declaración jurada.
A Lugo se le impidió demostrar que la denuncia de mal desempeño en sus funciones, fue simplemente un pretexto golpista, en cambio, ayer nomás, algunos senadores presentaron pruebas contundentes e irrebatibles para someter a juicio político a Franco por violar la Constitución, al falsear una declaración jurada.
Ello no quiere decir que Lugo fuera un modelo ejemplar de mandatarios, ni que se olviden sus defecciones, errores, vacilaciones, componendas con enemigos del pueblo, y debilidad frente al saboteo sistemático del parlamento y de la Corte Suprema de Justicia de sus proyectos en beneficio de los más excluidos, pero el argumento esgrimido para destituirlo es insuficiente para negar que ha sido el mejor gobernante del país desde 1940.
“Todo humano puede cometer errores”, frase acertada pero que también sirve para ocultar vicios y delitos, y Franco la utilizó este lunes ante periodistas, convocados expresamente al Palacio, para intentar justificar los números de su fortuna personal declarada, cuya acelerada acumulación despertó el fin de semana un vendaval de sospechas de corrupción, ocupando los principales titulares informativos, hasta de su prensa amiga o, al menos, cómplice en el golpe. Casi otro escándalo en el entorno.
En agosto del 2008 cuando asumió de Vicepresidente, con un salario de 21 millones de guaraníes, Franco declaró poseer 650 millones (4.400 el dólar) y ahora oficialmente está registrado con una fortuna de 4.350 millones. Fue un error de evaluación de una de mis propiedades, a la que se le sobrevaloró, declaró el sospechoso.
Hay un incremento de 748 por ciento en apenas cuatro años, lo cual se suma a la larga cadena de fabulosos y rápidos enriquecimientos que ostentan numerosos protagonistas de la vida paraguaya, sin poder justificarlos jamás. Desde el fin de semana, el tema acapara comentarios en los diferentes ambientes, con claras alusiones al lavado de dinero y otros delitos, incluyendo tráficos fronterizos.
Ese espectacular ascenso financiero de Franco, 187 por ciento anual, contrasta con el 23 por ciento que acumuló Fernando Lugo en cuatro años, es decir, 5.75 puntos cada 12 meses, cifras que parecen serias, de lo contrario sus enemigos ya habrían lanzado una nueva campaña de calumnias, como ocurrió en varias ocasiones durante su mandato, cuando los medios de prensa, el parlamento y otras cofradías, lo acusaban de “escandaloso enriquecimiento ilícito”, sin nunca mostrar pruebas.
El Código Penal Paraguayo, en su Artículo 243, reza claramente que quien incurra en una declaración jurada falsa, debe ser sancionado con privación de libertad por un período de hasta cinco años. En este caso, sí que el juicio político tendría razón de ser y no dejar que sólo la sociedad juzgue, cosa que está haciendo como nunca antes contra el primer funcionario público, cuya figura sufre acelerado deterioro.
Esa pérdida no es sólo personal, sino que es de la política que desde hace décadas practica el sector oligárquico, militar, empresarial, el mismo que maneja este país como una hacienda familiar, aunque lo interesante es que en este proceso está mezclado algo de la desilusión respecto a lo mucho que la mayoría del pueblo esperaba del gobierno de Lugo, con una inédita toma de conciencia ciudadana e incursión popular en la política, vista como herramienta de cambio, con amplia participación juvenil y de “los sin partido”.
Un verdadero despertar de sectores que, desde hacía décadas, miraban la política de lejos, con el convencimiento mayoritario justificado, de que era una actividad secuestrada por cierta gente avivada, que la utilizaba para provecho propio, insensibles a los grandes problemas del país y del mundo, y mucho menos de los dramas cotidianos del grueso de la población.
Paraguay registra 6.5 millones de nacionales, más de un millón emigrados, y un 60 por ciento inmerso en la pobreza y un cuarto en el hambre, mientras apenas el 2.5 por ciento acapara el 86 por ciento de la mejor tierra del país. Entre ocho y doce millones de hectáreas están ocupadas ilegalmente, según la Comisión de Verdad y Justicia y varios estudios de expertos, coincidentes en que esos latifundios fueron obsequios del tirano General Alfredo Strossner a sus más allegados cómplices.
El golpe parlamentario ha acicateado conciencias dormidas, produciendo una reacción muy novedosa en esta sociedad, por muchos años indiferente a la política, de que, objetivamente, contiene una reserva moral y conceptual que ha comenzado a movilizarse a favor de la democracia y los cambios, sin que ninguna organización progresista o de izquierda, tenga capacidad para capitalizar, consecuencia de las hondas fisuras que se registra entre todas las fuerzas que, mal que bien, acompañaron a Lugo en su gobierno.
Crece el malestar por el nepotismo que practica Franco, y por las negociaciones a sordina que está haciendo con las transnacionales de la agricultura industrial transgénica, en particular con la Monsanto, y el ingreso al país de enormes cantidades de paquetes transgénicos, alto porcentaje de contrabando que, de la misma manera que entran, salen hacia los países vecinos, en un negociado que mueve fabulosas sumas.
Uno de los bochornos mayores se teje en la megaminería, en un contubernio entre el gobierno y la Tío Tinto Alcan, corporación condenada en distintos países por toda clase de delitos, entre ellos el de genocidio y esclavismo, que intenta instalar una inmensa fábrica para producir lingotes de aluminio, similar a la que tiene en Canadá, pero de dónde quiere irse buscando energía y mano de obra más barata. Ha elegido a Paraguay porque el nuevo gobierno es amigo (hay fundadas versiones de que ayudó a dar el golpe), aunque este país no tenga bauxita y toda la producción sea para Brasil.
La corrupción campea, ídem la deforestación, a ritmo inédito en los últimos cuatro meses, tiempo en el cual continúa en la absoluta oscuridad la investigación por el asesinato de 11 campesinos y cinco policías en Curuguaty, en un enfrentamiento que habría sido montado para motivar el juicio político contra Lugo, pero que a esta altura, los únicos culpables que aparecen a criterio del Ministerio Público son los labriegos, muchos de los cuales están presos y 40 huyendo por los montes, requeridos como delincuentes por la fiscalía, en una persecución inmisericorde que convierte a humildes labriegos en “sujetos fuera de la ley”.
Alrededor de 200 mujeres y niños, de una fundación no gubernamental, fueron barridos ayer lunes de una calle céntrica de Asunción, por carros hidrantes y cuerpos policiales especializados, cuando reclamaban al Estado que les pague la asignación acordada, suspendida hace tres meses, poco después del golpe contra Lugo.
El país continúa aislado a nivel internacional y, por más que la cancillería se esfuerce por difundir todos los días que está recuperando espacios, el reconocimiento oficial no llega a una docena de países y Paraguay quedó excluido de la Cumbre Iberoamericana convocada por España en Cádiz, en su carácter de país anfitrión.
Cierto es que la realidad del mundo era diferente, cuando no existía, como desde hace diez años, una docena de gobiernos desobedientes de Estados Unidos, pero la verdad es que el descrédito actual del Estado paraguayo es mayor que el padecido durante los 35 años de la tiranía del General Alfredo Strossner (1954/89), cuyos restos serían repatriados desde Brasil el próximo 03 de noviembre, en un acto que genera fuerte rechazo popular y es visto por algunos sectores como una provocación del ala más retrógrada del Partido Colorado.
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