Astillero
AMLO: ¿Justicia para Oaxaca? // 2006: Fox,
Calderón y Ulises // Exigen acción penal en su contra // Peña y Gaviota:
fin de la telenovela
Julio Hernández López
▲ PROTESTA ANTE LA SSA. Para que se garantice la continuidad de las
terapias contra el VIH/Sida algunas personas se manifestaron frente a la
sede de la Secretaría de Salud (SSa) en la Ciudad de México. La
protesta incluyó el cierre de la circulación en ambos sentidos de Paseo
de la Reforma durante casi dos horas.
Foto Jesús Villaseca
Vicente Fox Quesada, Felipe
Calderón Hinojosa y Ulises Ruiz Ortiz han sido acusados ante la Corte
Penal Internacional por los delitos que en ejercicio del poder
presidencial, en los dos primeros casos, y el gubernamental estatal, en
el segundo, cometieron contra el movimiento social que en 2006 tuvo como
referente organizativo a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APPO).
Un primer paso en busca de sanciones, que podrían llegar a la
privación legal de la libertad de los dos ex ocupantes de Los Pinos y el
ex gobernador, fue dado ayer en La Haya, Holanda, por una
representación de activistas y agraviados que, junto con la Comisión de
la Verdad de Oaxaca y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo
de Oaxaca, presentaron acusaciones contra los políticos antes
mencionados. La comisión fue creada por el congreso de Oaxaca (la
integraron el sacerdote Alejandro Solalinde, el periodista Diego Enrique
Osorno, Marina Jiménez y María Eugenia Mata como secretaria ejecutiva) y
la defensoría es un organismo público autónomo que forma parte del
Estado mexicano y su titular es Arturo Peimbert.
El proceso iniciado ayer contra Fox, Calderón y Ruiz, tiene como
característica que es la primera ocasión en que un organismo público,
como es la defensoría a cargo de Peimbert, demanda acción penal en esa
Corte, con sede en La Haya, Holanda, contra servidores públicos de
primer nivel. Usualmente son organizaciones no gubernamentales y
personas en lo individual quienes comparecen ante dicha instancia para
buscar castigo de personajes de poder público.
Hay, además, un factor que podría ser determinante en este proceso:
las cámaras del congreso federal y la Presidencia de la República
podrían (¿deberían?) pronunciarse al respecto y, si Palacio Nacional,
Morena y su control legislativo, la llamada Cuarta Transformación, pues,
coincidieran en que están fundadas las acusaciones contra Fox, Calderón
y Ruiz, y así lo expresaran públicamente, darían velocidad y sustento a
una sentencia de la Corte Penal Internacional que podría significar
cárcel y otras sanciones a tales personajes.
El contexto político es favorable para un golpe obradorista: puede
mostrar que promueve acciones de justicia contra ex presidentes, en
específico contra dos que fueron panistas (VF y FC) y sin implicar al
reciente priísta (EPN, que goza de pactada impunidad) y puede entrampar
al tricolor oaxaqueño (URO) que busca competir contra el negociado aspirante primorista a dirigir el Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, gobernador de Campeche apodado originalmente Alito y, ahora, socarronamente transformado el mote en
Amlito.
Pero, más allá de esas consideraciones menores, AMLO y Morena
deberían apoyar esta promoción judicial presentada en La Haya porque, de
esa manera, estarán ayudando a combatir una tesis de fondo que
presentaron en Holanda el ombudsperson Peimbert, el periodista
Osorno, Flavio Sosa (quien fue vocero de la APPO y fue encarcelado
injustamente durante dos años en una prisión de alta seguridad),
Emeterio Marino Cruz, César Mateos y Germán Mendoza Nube, quienes
igualmente sufrieron la descarnada e impune represión en 2006.
Entrevistado en Radio Centro, Peimbert dijo que en aquel año de intensa lucha social se inició un
modelo de intervención violentacontra movilizaciones y protestas que, bajo un manto de impunidad institucional e incluso en formas de alianza con grupos del crimen organizado, instalaron formas de control violento como las que luego sucedieron en Iguala, con los 43 normalistas, y en muchos episodios de represión desde el Estado.
La telenovela terminó. Cierto es que sus capítulos recientes no
generaban mayor expectativa, pues el final estaba más que cantado. Pero
ayer Enrique Peña Nieto dedicó un almibarado párrafo de difusión pública
para dar por terminado el contrato nupcial que sostuvo con Angélica
Rivera, la actriz de Televisa que le acompañó en la aventura rumbo a Los
Pinos y ya en la residencia presidencial, con el episodio de la Casa Blanca como uno de los más sonados.
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