La
Estafa Maestra: Juez perdona a exfuncionario de Sedatu que autorizó pagar 185
mdp a Universidad
© Proporcionado por
Editorial Animal S. de R.L. de C.V. sedatu
Un juez federal decidió
no vincular a proceso al exdirector de presupuesto de la Secretaría de
Desarrollo Urbano (Sedatu) Francisco Báez Álvarez, por lo que éste no
irá a juicio pese a que autorizó la entrega de 185 millones de pesos de
esta dependencia a una universidad pública a través del esquema de desvío de
recursos públicos conocido como La
Estafa Maestra.
Báez Álvarez era el funcionario
encargado de liberar los recursos públicos de la Sedatu para pagar a la Universidad
Politécnica Francisco I. Madero, del estado de Hidalgo, para la realización
de una serie de servicios tecnológicos a la dependencia y que no se hicieron,
según documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y también
comprobó la propia Fiscalía de la República.
Sin embargo, el juez
federal Fernando Payá Ayala desestimó lo expuesto por los cuatro agentes del
Ministerio Público respecto a la responsabilidad directa de Báez sobre los
recursos, durante la audiencia pública celebrada en el juzgado del Reclusorio
Norte, por la causa penal 444/2018.
“Él (Francisco Báez)
estaba obligado por jerarquía a revisar y supervisar todo el trámite de pago.
Pero no lo hizo y lo autorizó indebidamente”, apuntó la Fiscalía.
De acuerdo con lo
expuesto durante la audiencia pública, para sustentar el pago de esos supuestos
servicios a la dependencia, la Universidad emitió nueve facturas por 185
millones de pesos, en las que se detectaron dos irregularidades.
Una, que las facturas
no tenían el IVA desglosado, por lo que se presume un probable daño al erario
por el impago de impuestos.
Y dos, que el concepto
de los comprobantes fiscales correspondían a otros convenios distintos al que
se estaba pagando.
Es decir, según la
Fiscalía, el exdirector de presupuesto de la Sedatu aceptó, validó, y pagó
facturas irregulares, a pesar de que el artículo 66 de la Ley de
Responsabilidad Hacendaria dice que según lo estipulado en el anexo técnico del
convenio específico firmado entre la Sedatu y la Universidad, y según el
reglamento interno de la dependencia, él era el responsable directo de vigilar
y supervisar toda la documentación comprobatoria.
Ante estas
irregularidades, la Fiscalía pidió al juez que se vinculara a proceso a
Francisco Báez, para que respondiera en un juicio por la presunta autorización
indebida de pagos por 185 millones de pesos, y el probable delito de ejercicio
indebido del servicio público.
No obstante lo
anterior, el juez Payá Ayala determinó, tras una exposición de argumentos de
apenas 10 minutos de duración, que no había elementos probatorios suficientes
para vincular a proceso al exfuncionario. Y argumentó dos motivos.
El primero, que la
supuesta no realización de los servicios contratados por la Sedatu, no es
imputable al exdirector de presupuesto, sino que, en todo caso, sería a la
Universidad que debía dar esos servicios, dijo el juez. Y que esto, ya es
materia de otra causa penal.
Y el segundo, que las
posibles irregularidades en las facturas son únicamente imputables al
contribuyente que emitió dichas facturas, es decir, la Universidad Politécnia
Francisco I. Madero.
Esta decisión significa
que, al menos por este caso, el exdirector de presupuesto de la Sedatu no
irá a juicio, aunque la Fiscalía General de la República tiene ahora cinco
días hábiles para apelar la decisión del juez, o puede seguir investigando
para, en caso de encontrar más pruebas, solicitar una nueva audiencia.
Báez Álvarez aún tiene
abiertos otros dos procesos relacionados también con convenios de la Sedatu y
universidades públicas. Por lo que su abogado defensor calificó la decisión del
juez solo como “una pequeña victoria”.
“Responsable de supervisar convenio era
Saldaña”
Durante su intervención
en la audiencia, Francisco Báez se declaró “totalmente inocente” de las
imputaciones hechas por la Fiscalía.
Dijo que, como parte de
sus atribuciones, no está la de supervisar que se realizaran los servicios de
los dos convenios firmados con la Universidad Pública —convenio marco y el
convenio específico—.
Lo anterior, subrayó
Báez a pregunta expresa de su abogado, sería responsabilidad de quien firmó el
convenio por 185 millones de pesos con la Universidad Politécnica Francisco I.
Madero, el funcionario Armando Saldaña Flores, quien apenas el pasado 20 de
marzo sí fue vinculado a proceso por su presunta participación en el desvío de
recursos públicos de la Sedatu a través de La Estafa Maestra.
“El área de Armando
Saldaña era la que debía supervisar que los trabajos del convenio se
realizaran”, recalcó Báez. “Es decir, su área se encarga de revisar todo, y
partir de ahí, me mandan facturas, y toda la documentación, y yo autorizo el
pago. Pero yo no estoy obligado a revisar los servicios”.
En cuanto a las
irregularidades en las facturas, la defensa del exdirector de presupuesto alegó
que, de acuerdo con la normatividad, Báez no estaba tampoco obligado a revisar
“factura por factura”, ya que hay toda una estructura jerárquica por debajo de
él que se encarga de realizar esas tareas, y que ésta comununicó a Báez que
“todo estaba en regla”, por lo que éste autorizó los pagos.
Además, la defensa
argumentó que el exdirector de presupuesto no realizó personalmente los pagos
por 185 millones de pesos, sino que éste los “gestionó” ante la secretaría de
Hacienda, “que es la dependencia que autoriza el pago final”.
“Mi cliente se apegó a
la norma y al reglamento: a él le dan una serie de documentación entregable por
los servicios (facturas), le hacen ver que todo es correcto, y gestiona el pago
ante Hacienda. Pero él no apretó un botón y se hizo el pago”, resaltó el
abogado defensor, quien añadió que, en el caso de que las facturas tuvieran
irregularidades, éstas serían imputables a la Universidad, no a su cliente.
Argumento con el que coincidió el juez en su decisión de no vincular a proceso
al exdirector de presupuesto de la Sedatu.
Cercano a Rosario Robles y Zebadúa
Francisco Báez Álvarez
tuvo el mismo cargo en la Sedesol y Sedatu durante la administración de Rosario
Robles en ambos casos, y su jefe directo fue Emilio Zebadúa, oficial mayor en
ambas dependencias.
En Sedesol fue director
general de Recursos Materiales solo por seis meses en 2013, y entre agosto de
ese año y octubre de 2015 ocupó la dirección general de Programación y
Presupuesto, donde tenía la responsabilidad de “administrar, coordinar” y
fungía como “instancia única para tramitar ante la Secretaría de Hacienda las
solicitudes de presupuesto”.
Desde ese cargo aprobó
las transferencias electrónicas por casi 400 millones de pesos de la Sedesol
para pagar supuestos servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre realizados
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos entre octubre y noviembre de
2013, según consta en el expediente de la investigación realizada por el Órgano
Interno de Control y del que Animal Político tiene
copia.
Sin embargo, la
Auditoría Superior de la Federación señaló que los servicios no se hicieron y
la investigación periodística sobre La Estafa Maestra comprobó que las empresas
contratadas por la Universidad eran fantasma o ilegales, por lo que los
recursos públicos desaparecieron.
En Sedatu se repitió el esquema de convenios con
universidades, subcontratación de empresas ilegales o fantasma y,
por ende, presunto desvío de recursos públicos, según documentó la Auditoría.
Báez Álvarez fue
nombrado otra vez director general de Programación y Presupuesto en la Sedatu
en octubre de 2015, un mes después de la llegada a la dependencia de Emilio
Zebadúa como oficial mayor, su jefe directo por segunda ocasión.
Los convenios
La Sedatu hizo el
convenio general SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 y el específico
SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 con la Universidad Politécnica de Francisco
I. Madero mediante el cual entregó 224 millones de pesos en 2016, motivo de
esta causa penal.
Según consta en los
convenios, obtenidos por Animal Político vía transparencia,
los supuestos servicios consistieron en la “difusión y aplicación de los
conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y
acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y
metropolitano, equidad de género y propiedad rural y desarrollo agrario, en
cumplimiento de sus fines institucionales”.
El primer convenio fue
firmado por el entonces subsecretario de Ordenamiento Territorial y urbano, Enrique González Tiburcio y el segundo por su
subalterno, Armando Saldaña, director general de Ordenamiento Territorial y
Atención a Zonas de Riesgo.
Sin embargo, ambos
denunciaron ante el Órgano Interno de Control de la dependencia en julio de
2017 la falsificación de su firma en dichos documentos. La denuncia llegó hasta
la entonces Procuraduría General de la República y en el proceso de desahogo de
pruebas, Tiburcio fue vinculado a proceso el 30 de enero debido a que el juez
consideró que la firma es “de puño y letra” del funcionario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario