Lamenta que se dé prioridad a las fuerzas armadas en las tareas anticrimen
La ley de seguridad interior que se analiza, potencial amenaza a garantías básicas: CNDH
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Jueves 30 de noviembre de 2017,
Jueves 30 de noviembre de 2017,
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) subrayó que la aprobación de una ley de seguridad interior en los
términos que se plantea discutir este jueves en la Cámara de Diputados
presenta potenciales riesgos en el ámbito del reconocimiento, respeto y
protección a las garantías fundamentales.
Una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución.
Agregó que de ser aprobado el dictamen tal cual se plantea se seguiría relegando a las policías civiles a un papel marginal dentro de las políticas públicas inherentes a la seguridad de las personas, las cuales dan prioridad a la acción de las fuerzas armadas.
El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez emitió anoche un pronunciamiento sobre el dictamen de ley de seguridad interior que se debatirá este jueves por los diputados.
Recordó que hace más de una década la falta de capacidades y recursos en las instituciones policiales, la nula o deficiente planeación y coordinación entre las mismas, así como su posible infiltración por parte de organizaciones criminales, propiciaron que se tomara la decisión de involucrar a las fuerzas armadas en las acciones de seguridad, medida que, subrayó la CNDH, era excepcional y de carácter emergente y temporal. Pero esto continúa ante
la falta de acciones efectivas e integrales para el fortalecimiento de las policías en los distintos órdenes y niveles de gobierno.
Resaltó que en el contexto del reconocimiento, respeto y
protección de los derechos humanos, “los potenciales riesgos del
dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa
gravedad.
Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las
imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la seguridad nacional
con la seguridad interior; una definición sumamente amplia y ambigua de
esta última permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta
como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos
sino una facultad discrecional genérica; la imposición de una reserva
absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria
cualquier expectativa de transparencia; la falta de mecanismos reales y
efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las fuerzas
armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así
como la trasgresión a los derechos de reserva en favor de las víctimas
al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información
que sea requerida en este ámbito”.
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