* Por destapar la corrupción, tres enfermeras de Nuevo Laredo están amenazadas de muerte
* Líderes sindicales piden de 25 mil a 80 mil pesos y aceptar una “visita” en algún hotel
Sanjuana Martínez / Especial para La Jornada
Domingo 4 de diciembre de 2011
“Ya denunciaron. Váyanse y a ver si llegan a sus casas”, les dijo Francisco Crisanto Colunga, secretario general de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social a tres enfermeras del Hospital de Zona número 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que ofrecieron pruebas de la venta de plazas en esa institución de salud y la exigencia de favores sexuales.
Sagrario Asunción Ortiz Cervantes, Guillermina Sánchez Bustos y María de Lourdes Reséndez Olvera regresaron a sus viviendas con miedo por haberse atrevido a denunciar lo que todo mundo sabía y era público. Desconcertadas decidieron después interponer una denuncia penal el 14 de agosto, cuya copia fue entregada a La Jornada, y entrevistarse con el líder nacional del sindicato, el diputado Valdemar Gutiérrez Fragoso, quien conoce los casos de la venta generalizada de plazas en el IMSS.
Desde entonces, sus vidas han cambiado, primero, porque siguen recibiendo mensajes bajo el cobarde anonimato con amenazas de muerte, y luego porque fueron inhabilitadas durante ocho días y se les suspendieron sus derechos sindicales por los siguientes 18 años. Concretamente, en el caso de Guillermina por 6 mil 205 días, a Sagrario por 6 mil 570 días y a María de Lourdes por 3 mil 285 días.
Las tres enfermeras han organizado plantones afuera del hospital, donde incluso llegaron a “desangrarse” para llamar la atención de las represalias en su contra de un sindicato que permite estas prácticas corruptas que suceden en todo el país.
Promesas incumplidas
Sagrario Asunción Ortiz Cervantes tiene 41 años y lleva 10 trabajando como enfermera en el IMSS allí. Desde 2005 intentó que su hijo ingresara a trabajar, pero fue recientemente que la enfermera María Elena Díaz Rodriguez, del sindicato, la sorprendió con una propuesta: “Te quiero proponer un negocio. Estamos vendiendo las plazas del Seguro Social”, le dijo y le pidió 25 mil pesos en efectivo, que finalmente le entregó con la esperanza de conseguir la plaza deseada.
Todos los trámites de acceso laboral tienen que hacerse en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El sindicato pide que las enfermeras vayan solas y que no sean acompañadas por familiares.
Cuando las tres enfermeras denunciaron la venta de plazas, otras compañeras se acercaron para comentarles la exigencia de “favores sexuales” para acceder a puestos laborales: “Dos chicas se acercaron a nosotros para denunciarlo. Y su versión coincide con la nuestra, con el hecho que nosotras vivimos. Los miembros del sindicato de allá ‘invitan’ a las enfermeras a quedarse en el hotel, pero nosotras no quisimos y nos regresamos a Nuevo Laredo. Esta aspirante si aceptó porque sus trámites se alargaron. Después de instalada en su habitación la llegaron a ‘visitar’. Le dijeron que debía tener relaciones con tres fulanos del sindicato si quería la plaza”.
Sagrario tiene una foto de las dos chicas denunciantes de los “favores sexuales”, ambas llevan el rostro cubierto para preservar su identidad. Se trata de tres casos de aspirantes a enfermeras que sufrieron el acoso sexual, uno de ellos consumado. La denuncia se ha hecho en Ciudad Victoria: “Estas tres muchachitas son de Nuevo Laredo y finalmente no lograron la plaza para trabajar en el IMSS. No les cumplieron. Los líderes del sindicato están cometiendo toda una serie de atropellos con el poder que tienen”.
Las pruebas
Las tres enfermeras van vestidas con sus respectivos uniformes. Son mujeres que disfrutan su trabajo y el servicio a los demás, por lo cual han recibido el apoyo de algunos pacientes.
Guillermina Sánchez Bustos tiene 36 años y 10 años de haber entrado al IMSS. Desde 2003 empezó a cumplir los trámites para conseguirle una plaza de enfermera a su hermana. Tiene toda la papelería que lo demuestra, pero fue hasta hace unos meses que finalmente accedió a darle el dinero a la emfermera María Elena Díaz Rodríguez, encargada por el sindicato de recaudar los sobornos
En total le pagó 80 mil pesos en cinco entregas: “Le dimos el dinero con la esperanza de tener la plaza, pero luego no cumplieron y encima quería 50 mil pesos más. Fue cuando decidimos denunciarla”.
Guillermina grabó sus conversaciones con la enfermera del sindicato que vende las plazas y se las entregó al juez que sigue la demanda penal. Una copia de dichas grabaciones fue entregada a La Jornada. En estas se oye la voz de Díaz Rodríguez solicitándole las cantidades de dinero y asegurando las plazas: “Ella es la que trabaja en complicidad con los demás vendiendo las plazas, pero quien realmente dirige todo es el líder Francisco Crisanto Colunga. Estamos pidiendo el cese del secretario delegacional; del secretario de Honor y Justicia, José Gabriel Bujano, regidor en Ciudad Mante, y del dirigente Eduardo Ochoa. Ellos son los que manejan la venta de plazas. Las grabaciones también demuestran su participación”.
Luego de interponer la denuncia en agosto pasado, las tres enfermeras decidieron ir a entregarle el documento y las grabaciones personalmente al líder nacional Valdemar Gutiérrez Fregoso, quien les prometió que no habría ninguna sanción, ni represalias por haber tenido el valor de denunciar la corrupción y continuar con los trámites para el puesto de sus familiares, algo que no cumplió.
Las amenazas
“Sagrario y enfermeras, van a ver sangre de verdad. Cuiden su vida. Ya cállense”, dice el mensaje anónimo que la enfermera recibió en su casa, una hoja en blanco tamaño carta con letras recortadas de periódico y revistas que fue introducido por la puerta de la vivienda.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas se ha hecho cargo del caso de las tres enfermeras: “Estas son las consecuencias por denunciar la corrupción. Responsabilizamos directamente a esos líderes sindicales de lo que les pueda ocurrir a las tres enfermeras”, dice Raymundo Ramos.
El apoyo legal que les ha brindado ha sido fundamental para continuar con la demanda en busca de justicia: “Nos esta ayudando desinteresadamente. Y tenemos mucho miedo, porque ya estamos recibiendo amenazas”, dice María de Lourdes Reséndez Olvera, 48 años, con 19 años de antigüedad en el IMSS.
Intentó que su hija, licenciada en administración de empresas, pudiera ingresar al IMSS y pagó 25 mil pesos: “Los pagué, luego le dijeron que no era apta para ocupar un puesto, que tenía muchos estudios”.
Comenta que ya no sólo las amenazan, sino también las siguen coches diversos y las espían. En una ocasión a Sagrario, un vehículo se le cerró y la sacó de la avenida: “A mi también me han echado carros encima. Tenemos mucho miedo”, dice María de Lourdes.
Mostrando una enorme entereza y valor, las tres están decididas a continuar, a pesar de que en las grabaciones que tienen los que cobran las plazas laborales hablan de la muerte del doctor Carcini, a quien supuestamente lo mandaron matar los líderes de la sección 10 del sindicato del IMSS: “La enfermera María Elena me dijo claramente que la ‘la lana está buena” pero que ya habían matado a alguien. Yo le pregunté si fue a Carcini y ella dijo que sí. Es una mafia. Queremos que los investiguen, que se les destituya de entrada, que se les juzgue. Queremos que se abra la bolsa de trabajo. Queremos justicia”.
* Líderes sindicales piden de 25 mil a 80 mil pesos y aceptar una “visita” en algún hotel
Sanjuana Martínez / Especial para La Jornada
Domingo 4 de diciembre de 2011
“Ya denunciaron. Váyanse y a ver si llegan a sus casas”, les dijo Francisco Crisanto Colunga, secretario general de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social a tres enfermeras del Hospital de Zona número 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que ofrecieron pruebas de la venta de plazas en esa institución de salud y la exigencia de favores sexuales.
Sagrario Asunción Ortiz Cervantes, Guillermina Sánchez Bustos y María de Lourdes Reséndez Olvera regresaron a sus viviendas con miedo por haberse atrevido a denunciar lo que todo mundo sabía y era público. Desconcertadas decidieron después interponer una denuncia penal el 14 de agosto, cuya copia fue entregada a La Jornada, y entrevistarse con el líder nacional del sindicato, el diputado Valdemar Gutiérrez Fragoso, quien conoce los casos de la venta generalizada de plazas en el IMSS.
Desde entonces, sus vidas han cambiado, primero, porque siguen recibiendo mensajes bajo el cobarde anonimato con amenazas de muerte, y luego porque fueron inhabilitadas durante ocho días y se les suspendieron sus derechos sindicales por los siguientes 18 años. Concretamente, en el caso de Guillermina por 6 mil 205 días, a Sagrario por 6 mil 570 días y a María de Lourdes por 3 mil 285 días.
Las tres enfermeras han organizado plantones afuera del hospital, donde incluso llegaron a “desangrarse” para llamar la atención de las represalias en su contra de un sindicato que permite estas prácticas corruptas que suceden en todo el país.
Promesas incumplidas
Sagrario Asunción Ortiz Cervantes tiene 41 años y lleva 10 trabajando como enfermera en el IMSS allí. Desde 2005 intentó que su hijo ingresara a trabajar, pero fue recientemente que la enfermera María Elena Díaz Rodriguez, del sindicato, la sorprendió con una propuesta: “Te quiero proponer un negocio. Estamos vendiendo las plazas del Seguro Social”, le dijo y le pidió 25 mil pesos en efectivo, que finalmente le entregó con la esperanza de conseguir la plaza deseada.
Todos los trámites de acceso laboral tienen que hacerse en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El sindicato pide que las enfermeras vayan solas y que no sean acompañadas por familiares.
Cuando las tres enfermeras denunciaron la venta de plazas, otras compañeras se acercaron para comentarles la exigencia de “favores sexuales” para acceder a puestos laborales: “Dos chicas se acercaron a nosotros para denunciarlo. Y su versión coincide con la nuestra, con el hecho que nosotras vivimos. Los miembros del sindicato de allá ‘invitan’ a las enfermeras a quedarse en el hotel, pero nosotras no quisimos y nos regresamos a Nuevo Laredo. Esta aspirante si aceptó porque sus trámites se alargaron. Después de instalada en su habitación la llegaron a ‘visitar’. Le dijeron que debía tener relaciones con tres fulanos del sindicato si quería la plaza”.
Sagrario tiene una foto de las dos chicas denunciantes de los “favores sexuales”, ambas llevan el rostro cubierto para preservar su identidad. Se trata de tres casos de aspirantes a enfermeras que sufrieron el acoso sexual, uno de ellos consumado. La denuncia se ha hecho en Ciudad Victoria: “Estas tres muchachitas son de Nuevo Laredo y finalmente no lograron la plaza para trabajar en el IMSS. No les cumplieron. Los líderes del sindicato están cometiendo toda una serie de atropellos con el poder que tienen”.
Las pruebas
Las tres enfermeras van vestidas con sus respectivos uniformes. Son mujeres que disfrutan su trabajo y el servicio a los demás, por lo cual han recibido el apoyo de algunos pacientes.
Guillermina Sánchez Bustos tiene 36 años y 10 años de haber entrado al IMSS. Desde 2003 empezó a cumplir los trámites para conseguirle una plaza de enfermera a su hermana. Tiene toda la papelería que lo demuestra, pero fue hasta hace unos meses que finalmente accedió a darle el dinero a la emfermera María Elena Díaz Rodríguez, encargada por el sindicato de recaudar los sobornos
En total le pagó 80 mil pesos en cinco entregas: “Le dimos el dinero con la esperanza de tener la plaza, pero luego no cumplieron y encima quería 50 mil pesos más. Fue cuando decidimos denunciarla”.
Guillermina grabó sus conversaciones con la enfermera del sindicato que vende las plazas y se las entregó al juez que sigue la demanda penal. Una copia de dichas grabaciones fue entregada a La Jornada. En estas se oye la voz de Díaz Rodríguez solicitándole las cantidades de dinero y asegurando las plazas: “Ella es la que trabaja en complicidad con los demás vendiendo las plazas, pero quien realmente dirige todo es el líder Francisco Crisanto Colunga. Estamos pidiendo el cese del secretario delegacional; del secretario de Honor y Justicia, José Gabriel Bujano, regidor en Ciudad Mante, y del dirigente Eduardo Ochoa. Ellos son los que manejan la venta de plazas. Las grabaciones también demuestran su participación”.
Luego de interponer la denuncia en agosto pasado, las tres enfermeras decidieron ir a entregarle el documento y las grabaciones personalmente al líder nacional Valdemar Gutiérrez Fregoso, quien les prometió que no habría ninguna sanción, ni represalias por haber tenido el valor de denunciar la corrupción y continuar con los trámites para el puesto de sus familiares, algo que no cumplió.
Las amenazas
“Sagrario y enfermeras, van a ver sangre de verdad. Cuiden su vida. Ya cállense”, dice el mensaje anónimo que la enfermera recibió en su casa, una hoja en blanco tamaño carta con letras recortadas de periódico y revistas que fue introducido por la puerta de la vivienda.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas se ha hecho cargo del caso de las tres enfermeras: “Estas son las consecuencias por denunciar la corrupción. Responsabilizamos directamente a esos líderes sindicales de lo que les pueda ocurrir a las tres enfermeras”, dice Raymundo Ramos.
El apoyo legal que les ha brindado ha sido fundamental para continuar con la demanda en busca de justicia: “Nos esta ayudando desinteresadamente. Y tenemos mucho miedo, porque ya estamos recibiendo amenazas”, dice María de Lourdes Reséndez Olvera, 48 años, con 19 años de antigüedad en el IMSS.
Intentó que su hija, licenciada en administración de empresas, pudiera ingresar al IMSS y pagó 25 mil pesos: “Los pagué, luego le dijeron que no era apta para ocupar un puesto, que tenía muchos estudios”.
Comenta que ya no sólo las amenazan, sino también las siguen coches diversos y las espían. En una ocasión a Sagrario, un vehículo se le cerró y la sacó de la avenida: “A mi también me han echado carros encima. Tenemos mucho miedo”, dice María de Lourdes.
Mostrando una enorme entereza y valor, las tres están decididas a continuar, a pesar de que en las grabaciones que tienen los que cobran las plazas laborales hablan de la muerte del doctor Carcini, a quien supuestamente lo mandaron matar los líderes de la sección 10 del sindicato del IMSS: “La enfermera María Elena me dijo claramente que la ‘la lana está buena” pero que ya habían matado a alguien. Yo le pregunté si fue a Carcini y ella dijo que sí. Es una mafia. Queremos que los investiguen, que se les destituya de entrada, que se les juzgue. Queremos que se abra la bolsa de trabajo. Queremos justicia”.
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