DF: intromisión autoritaria
En las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal de la
Cámara de Diputados, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN),
Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron
ayer, sin debate y con artimañas impresentables, un dictamen de Ley de
Manifestaciones Públicas del Distrito Federal que vulnera gravemente las
libertades y derechos ciudadanos establecidos en la Constitución,
particularmente los de reunión, expresión y libre tránsito, y se contrapone con
ordenamientos legales ya vigentes en la capital de la República.
El documento, elaborado por el panista Jorge Sotomayor Chávez, pretende
constreñir la realización de manifestaciones a vías secundarias y limitar su
horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde, condicionarlas a una autorización
previa del Gobierno del Distrito Federal y prohibir que se realicen marchas para
exigir la modificación de decisiones gubernamentales, sean locales o
federales.
Semejante despropósito jurídico ha sido promovido, con intenciones claramente
electoreras de su autor panista, en aprovechamiento de la anomalía jurídica que
impone al Distrito Federal una tutela anacrónica e injustificable por parte del
Ejecutivo y el Legislativo federales, y deja al descubierto dos asuntos
centrales.
El primero es la mentalidad autoritaria y represiva que impregna a los
representantes de los tres partidos mencionados y que en tiempos recientes ha
tenido un preocupante avance en la esfera institucional del país.
Da la impresión de que, a medida que el grupo gobernante avanza en la siembra
de factores de inconformidad social –las reformas laboral, educativa, fiscal y
energética, la paralización deliberada de la economía, el empecinamiento en
restaurar una presidencia omnímoda y despótica–, busca cerrar las válvulas de
escape pacíficas de la inconformidad popular. En esa medida, el intento por
mutilar las libertades ciudadanas en la ciudad capital constituye una
provocación innecesaria y peligrosa que debe ser revertida en el pleno de San
Lázaro.
Por otra parte, este hecho evidencia la necesidad imperiosa y urgente de
avanzar en una reforma política para el Distrito Federal que consagre la plena
igualdad de éste respecto del resto de las entidades federativas. De otro modo,
las fuerzas de la derecha autoritaria seguirán aprovechando la supeditación
capitalina a los poderes federales para intervenir en la vida política de la
capital de la República.
Ha de considerarse que los partidos que aprobaron el dictamen de marras –PAN,
PRI y PVEM–, incluso si suman sus respectivas votaciones, son minoritarios en el
Distrito Federal y no tienen, en consecuencia, legitimidad ni representatividad
alguna para determinar las normas legales que han de regir los asuntos de la
ciudad. El hecho de que, a pesar de todo, pretendan imponer en ella
ordenamientos legales autoritarios y represivos es expresión de una actitud
antidemocrática y de una lamentable carencia de espíritu republicano.
En lo inmediato, pues, es deseable que la ciudadanía capitalina exprese su
rechazo al dictamen aprobado ayer, y en el corto plazo debe buscarse por todos
los medios legales que se elimine el estatuto constitucional discriminatorio que
padecen los habitantes del Distrito Federal y se logre que esta demarcación sea
un estado más, con las obligaciones, los derechos y las prerrogativas que
corresponden al resto de las entidades federativas.
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