#El bodrio de Peña Nieto
John M. Ackerman. Publicado en Proceso Noviembre 19 de 2012
La propuesta de Enrique Peña Nieto para supuestamente combatir la corrupción es un bodrio que de manera cínica y malintencionada ignora la vasta experiencia acumulada en México y América Latina en la materia. Mezcla elementos incompatibles de distintos modelos internacionales con la única intención de tender una cortina de humo para encubrir la andanada de fechorías que su gobierno iniciará a partir del 1 de diciembre. Los ingenuos intelectuales y figuras de la sociedad civil que decidan acompañar esta nueva aventura institucional pondrán en grave riesgo su prestigio y credibilidad.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (RAE), el término “bodrio” significa “una cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto” o, con mayor precisión, “un caldo con algunas sobras de sopa, mendrugos, verduras y legumbres que de ordinario se daba a los pobres en las porterías de algunos conventos”. La propuesta de Peña Nieto cumple a cabalidad con esta definición.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (RAE), el término “bodrio” significa “una cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto” o, con mayor precisión, “un caldo con algunas sobras de sopa, mendrugos, verduras y legumbres que de ordinario se daba a los pobres en las porterías de algunos conventos”. La propuesta de Peña Nieto cumple a cabalidad con esta definición.
La parte medular de la iniciativa no se encuentra en el proyecto de reformas constitucionales enviado al Senado de la República para crear una Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), sino en la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) remitida a la Cámara de Diputados. Dicha iniciativa, hoy a cargo de Manlio Fabio Beltrones, propone la total desarticulación de los actuales sistemas de control interno y de profesionalización de la administración pública federal por medio de la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
A partir de la reforma, los contralores internos de cada secretaría de Estado ya no dependerán de la institución supuestamente independiente y profesional que tendría que haber sido la SFP, sino que serán nombrados directamente por los titulares de la secretarías correspondientes. En consecuencia, cada una de éstas se convertirá en feudo exclusivo de su titular, sin posibilidad de control o intervención alguna desde la SFP o, por medio de ésta, desde la propia Presidencia de la República.
Con ello desaparecerá la posibilidad de articular acciones a nivel federal para combatir la corrupción o mejorar la administración pública. Cada secretaría se convertirá en un principado de territorio exclusivo de su titular. Nos despediremos así de una vez por todas del lastimado servicio civil de carrera tan cacareado por Vicente Fox como uno de los supuestos “grandes logros de la transición democrática”.
Si bien la reforma señala que la Secretaría de Hacienda asumiría algunas de las facultades normativas con las que hoy cuenta la SFP, una comparación sistemática del viejo artículo 37 de la LOAPF con la propuesta del nuevo artículo 44 de la misma normatividad demuestra que el PRI busca aumentar en lugar de reducir la discrecionalidad y las oportunidades para la corrupción dentro del gobierno federal.
Es cierto que la SFP ha fracasado olímpicamente en cumplir con sus responsabilidades legales desde su creación hace una década. Pero ello no justifica tirar al niño con el agua sucia.
Como complemento del descontrol “interno” que genera la reforma en manos de Beltrones, Peña Nieto también propone debilitar el sistema de control “externo” con su propuesta de creación de la CNA, hoy en manos de otro representante de la honestidad republicana, el senador Emilio Gamboa.
México ya cuenta con una poderosa arma de control externo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Si bien el desempeño de esta institución no ha sido carente de críticas, en general ha destacado como una de las más efectivas al nivel federal. Con un presupuesto mucho menor que la SFP, la ASF ha hecho un trabajo formidable al señalar los enormes huecos existentes en materia de rendición de cuentas, así como al resarcir parcialmente los enormes desfalcos al erario cometidos cada año.
El antiguo auditor superior, Arturo González de Aragón, siempre insistió en que una de las reformas para el combate de la corrupción más estratégicas consistía en dotar a la ASF de plenas facultades para fincar sanciones administrativas directamente a los entes auditados. Asimismo, durante los debates parlamentarios a raíz de la creación de la ASF en 1999 surgieron muchas voces, como la del entonces diputado Pablo Sandoval Ramírez, que proponían que la ASF incluso pudiera tener facultades de ejercer directamente la acción penal.
Pero a los políticos “dinosaurios” como Peña Nieto les incomoda la ASF porque su diseño institucional complica el control político. La ASF depende formalmente de la Cámara de Diputados, una entidad sumamente plural y dinámica, y además cuenta con una total independencia técnica y de gestión que le permite investigar los rincones más recónditos de la administración pública federal y estatal. Desde el punto de vista del priismo tradicional que hoy regresa, dotar a esta institución de aún más facultades sería como tirarse un balazo en el pie.
Peña Nieto, entonces, prefiere crear de la nada un organismo burocrático que opaque, controle e interfiera con las auditorías de la ASF. De acuerdo con su propuesta, solamente la CNA podrá fincar sanciones administrativas, y sus cinco flamantes comisionados serían nombrados directamente por el presidente de la República. La propuesta pasa totalmente por alto las innovadoras experiencias con el diseño de organismos autónomos y ciudadanizados en países hermanos como Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Venezuela.
El colofón es que Peña Nieto quiere que tanto la Comisión Nacional Anticorrupción como la ASF se sujeten al mandato de un nuevo “Consejo Nacional por la Ética Pública”, encabezado ni más ni menos que por el mismísimo presidente de la República. También participarían en este Consejo, entre otros, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados; los secretarios de Gobernación, Hacienda y Educación Pública; el procurador general de la República; los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como un par de “ciudadanos” de utilería. En otras palabras, en el próximo gobierno las figuras más corruptas de la clase política nacional nos vendrán a dar clases de ética y honestidad.
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Twitter: @JohnMAckerman
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