Caso Breach: complicidades y encubrimiento
La última semana se
produjeron una serie de sucesos que arrojan luz sobre el móvil del
asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y colaboradora de Norte de Juárez,
a la vez que ensombrece la actuación de las autoridades encargadas de
esclarecer el crimen cometido el pasado 23 de marzo en la capital de
Chihuahua.
El más reciente de estos hechos es la revelación de llamadas
telefónicas que apuntan al involucramiento de funcionarios y ex
funcionarios locales del Partido Acción Nacional (PAN) en el atentado
contra la periodista. En una de dichas grabaciones se registra la
presión ejercida por el ex vocero blanquiazul Alfredo Piñera
para que Miroslava revelara las fuentes de información de un reportaje
que daba cuenta de la imposición de candidaturas a presidencias
municipales y diputaciones locales por grupos del narcotráfico. En la
misma conversación, Piñera hace referencia al entonces edil del
municipio serrano de Chínipas, su compañero de partido, Hugo Amed
Schultz Alcaraz.El viernes 22 las autoridades estatales dieron a conocer el hallazgo del cuerpo de Ramón Andrés Zavala Corral, contra quien pesaba una orden de aprehensión como presunto autor material del crimen. Tres días después se anunció el arresto de Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, supuesto líder de una célula del cártel de Sinaloa y, de acuerdo con la versión oficial, autor intelectual del asesinato. Fue durante la audiencia de vinculación a proceso contra este último cuando se hizo público el audio en que se vincula a los integrantes del PAN con grupos criminales.
El hecho de que los políticos involucrados en el asesinato de
Miroslava Breach sean correligionarios del mandatario estatal, Javier
Corral Jurado –Schultz, además, fue hasta hace unos días coordinador de
Educación en la zona de la sierra– no contribuye a revestir de
credibilidad un proceso que desde el principio ha estado marcado por la
opacidad, la lentitud, la indolencia y la falta de sensibilidad hacia la
sociedad y los familiares de la víctima.
El rápido deslinde que la Fiscalía General del Estado hizo ayer de cualquier responsabilidad de
miembros de partidos políticosen la planeación o ejecución del asesinato –es decir, la decisión de desechar las pruebas contenidas en los audios sin realizar diligencia alguna– constituye un nuevo agravio, así como la enésima prueba del desaseo con que las autoridades de la entidad llevan el caso. En suma, los acontecimientos de los días recientes no hacen sino reforzar la percepción de que el esclarecimiento pleno y el castigo a los responsables distan de encontrarse entre los fines de la administración panista.
Es claro que, a la vista de las redes de corrupción y complicidad
entre crimen organizado y figuras de poder, es de máxima urgencia
garantizar una investigación independiente que disipe cualquier sospecha
de encubrimiento e impida que este ataque contra la libertad de
expresión engrose la vergonzosa lista de la impunidad.
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