Conformismo y cinismo
Arnaldo Córdova
Sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, el pasado viernes 31 de agosto, en su sede de la avenida Carlota
ArmeroFoto Carlos Cisneros
T
enemos abundancia de leyes, eso es incuestionable. La pregunta que
se impone es, entonces, ¿por qué es tan difícil en México realizar la justicia y
se alega siempre que la culpa es de las malas leyes que tenemos o de su
insuficiencia?: ¿para qué sirven tantas leyes? Resulta que son en todo momento o
insuficientes o no existen todavía. Nuestras leyes todo el tiempo se están
reformando, incluida la Constitución, que ya lleva más de medio millar de
reformas. Pero sucede que nunca se pueden realmente acabar, vale decir, ser
elaboradas de modo que ya no presenten tantas lagunas ni insuficiencias que las
hagan obsoletas desde que nacen.
En estos días tenemos el lamentable espectáculo que nos ofrece la
administración de justicia electoral en nuestro país: funcionarios que no hacen
lo que por ley están obligados a hacer, es decir, investigar las denuncias que
se les presentan con fundamento legal, porque simple y sencillamente nuestro
entramado legal les permite hacer a menos de sus responsabilidades u
obligaciones. Un sistema jurídico no puede funcionar si se encuentran siempre
resquicios o escondrijos en la ley que permiten evadir los mismos principios
legales, valiéndose de interpretaciones sesgadas o mañosas de las propias
leyes.
Un ejemplo señero lo podemos encontrar en la negativa del IFE a investigar
los nexos entre el candidato priísta, Enrique Peña Nieto, y Televisa desde el ya
lejano 2005, según denuncias que se hicieron en la prensa. El pasado 20 de
agosto, el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo, publicó un
artículo en Excélsior, pésimamente escrito, por cierto (
Fundamentos y razones del IFE. La investigación sobre Enrique Peña Nieto desde 2005 concluye que la contienda fue equitativa), en el cual asevera, primero, que la denuncia del Movimiento Progresista abarca un periodo, 2005-2007, que la actual legislación no cubre; segundo, que la denuncia comprende otras ya resueltas en el pasado y, tercero, una entrevista de Peña Nieto con la periodista Maxime Woodside que, según el secretario, es insancionable.
El pasado jueves, el consejero Alfredo Figueroa publicó, a su vez, otro
artículo en Reforma, en el que desmiente punto por punto lo expresado
por Jacobo. Es un artículo notable por su precisión y por la solidez de sus
argumentos. En suma, el consejero electoral desmiente la versión de que el
instituto realizó amplias y exhaustivas investigaciones sobre los hechos
denunciados. Por ejemplo, cuando se trató de las relaciones entre el aspirante
priísta con la televisora, se hizo sobre la base de formular la pregunta de si
se había tenido dicha relación, a la que la televisora contestó que
no. A eso se redujo la
exhaustividadde la búsqueda.
Cuando se trató del examen de las pruebas presentadas en contra de las
autoridades locales del estado de México, inexplicablemente, afirma Figueroa, no
se requirió información sobre los gastos de comunicación social de 2005 a 2011.
Tampoco se analizó el conjunto de pruebas documentales que ofreció el
denunciante, entre ellas, libros y artículos. Pese a que el mismo secretario
había afirmado que se analizarían los hechos sometidos a la consideración del
instituto, incluidos, dijo, los anteriores a la reforma de 2007, luego se
argumentó por parte de los consejeros que tales hechos quedaban fuera de su
consideración.
Finalmente, aclara asimismo el consejero Figueroa, es una falacia ofrecida
por Jacobo el que el Partido de la Revolución Democrática haya solicitado la
reapertura de expedientes que ya habían sido liquidados, sino que se retomaran
constancias que obraban en tales expedientes; fue falso, también, su dicho de
que el PRD haya denunciado la realización de entrevistas en intercampaña, pues
este partido sólo acusó a los denunciados de haber contratado propaganda
encubierta o simulada a través de una entrevista. La cuestión es: ¿por qué una
institución como el IFE decide y actúa de ese modo sin que haya ya no digamos
ningún freno legal que se lo impida, sino haciendo a menos de los principios de
justicia y equidad que deben normar sus actividades?
Esa cuestión forma parte de otra que se nos impone todos los días: ¿por qué
nuestro sistema jurídico tiene tan poco de jurídico y sí mucho de fáctico? Dicho
en otros términos, ¿por qué son siempre intereses parciales y muchas veces
ilegales los que se imponen en las decisiones que conciernen al desarrollo de
los procesos de impartición de justicia? El derecho, en general, es por supuesto
una teoría general de los intereses legítimos, pero en ningún caso se trata de
intereses privados, por ejemplo, los de Televisa como tal o de Peña Nieto;
siempre se trata de intereses generales, abstractos, por ejemplo, los intereses
del patrón definidos y protegidos por la ley o los del trabajador, sin mirar a
tal o cual persona.
Se dice que la ley es, por su misma naturaleza, general y abstracta; pero no
está dada en el vacío, pues debe estar dirigida a proteger las diferentes
especies de intereses, sin mirar a los privados en particular. Nuestra
legislación electoral, para volver al caso, tiene intereses generales que
proteger; cuando se imponen los intereses de un partido o de un grupo encumbrado
en el poder económico y político esa misma legislación deja de tener sentido. Se
dice que, después de todo, las leyes están hechas por los partidos,
representados en el Congreso. De acuerdo, pero no podemos aceptar que una
mayoría legislativa actúe sin freno e imponga los intereses particulares que
representa sin tomar en cuenta aquellos intereses generales de que hablamos
antes. Una ley así no puede durar y es siempre imperfecta.
No es que uno esté autorizado a quejarse de ello. Así es la democracia, se
nos dirá y, en efecto, se trata ante todo de respetar el juego democrático. Pero
no se puede seguir siempre por el mismo camino. La democracia también cobra las
cuentas y castiga los excesos. A nosotros todavía nos falta mucho para lograrlo,
pero va a llegar el día. No podemos hacer de la política un juego de abusos
impunes e irresponsables. Aún nos falta aclararnos a nosotros mismos quiénes,
qué grupos están detrás de los partidos que finalmente hacen las leyes. Los
verdaderos responsables de las pésimas leyes que tenemos, pueden no ser
precisamente los partidos políticos, sino los grupos que los usan para imponer
su hegemonía.
Mientras eso no se aclare, podemos estar seguros de que siempre habrá
mayorías o multitudes burladas a las que no se les hace justicia, mientras hay
grupos reducidos y privilegiados que hacen de la ley un instrumento particular
de dominación. Antes se decía que la Constitución era
letra muerta, para indicar que no se cumplía o que era continuamente violada. Era una percepción exagerada, porque la verdad es que en su mayor parte sí se cumplía. Igual pasa hoy con las leyes en general. Se cumplen, pero se cumplen mal, retorciendo su significado o no aplicándolas, valiéndose de otras leyes o de la ignorancia o simulación de los actores.
Todo eso está mal y debe terminarse. Pero no como ahora se hace y se aplica
el derecho, sino haciendo intervenir en los procesos legislativos y judiciales a
la sociedad que es la mayor afectada. Eso también acabará por darse.
