Para llegar a este convenio, que tendrá que ser aprobado en enero entrante, el presidente Pedro Sánchez y el dirigente progresista Pablo Iglesias debieron limar asperezas, algo extremadamente necesario, cuando en esa nación también existe el gran problema del secesionismo, liderado actualmente por Cataluña, y la impronta de una ultraderecha que aliada a otros elementos reaccionarios, expulsó al PSOE del poder en Andalucía, un lugar en que se decía estaban las mentes más revolucionarias españolas, pero, realmente, no era así.
La herencia dejada por Mariano Rajoy y su corrupto Partido Popular- “Populares”, llaman a estos derechistas- ha dejado un enorme hueco económico, amén de la ya mencionada desigualdad y pobreza, por lo que no existía confianza en la dirección del país, pese a números que indicaban cierto desarrollo y un mayor empleo.
Y es que las políticas de familia y las prestaciones sociales han sido principalmente esquemas de garantía de renta, que tienen una cobertura desigual y baja efectividad, en tanto hay un uso generalizado de contratos temporales, que pueden afectar también a la productividad y a la desigualdad de ingresos.
Sólo en Madrid, la capital, hay un millón 300 000 personas en riesgo de pobreza, el 10% más rico de la población española concentra más riqueza que todo el 90% restante, los subsidios de paro son muy bajos y la renta mínima es insuficiente.
Los altos niveles de desigualdad de ingresos, el abandono escolar temprano y la pobreza infantil pueden afectar negativamente a la igualdad de oportunidades y, al efecto, la Comisión Europea aseguró que ya había alertado en el 2017 al anterior gobierno, pero no hizo caso.
El Comité Europeo de Derechos Sociales también señaló a España en enero del 2018 su incumplimiento en cuestiones relacionadas con la salud, seguridad social y protección social, al tiempo que expresaba que los subsidios por desempleo eran escasos y que los requisitos para acceder a prestaciones y asistencia social resultaban inadecuados.
La tasa de desempleo sigue entre las más altas de la Unión Europea, con más de cinco millones de parados, y ello es especialmente cierto para la población joven, lo que implica un considerable potencial de capacidades sin explotar.
Por otro lado, el ya mencionado uso generalizado de contratos temporales puede afectar también al crecimiento de la productividad y a la desigualdad de ingresos, porque este tipo de trabajadores tienen un mayor riesgo de pobreza y acumulan menos derecho a prestaciones sociales.
Esta perspectiva reduce los incentivos de trabajadores y empleados para invertir en formación y educación de por vida, erosionando así la formación de capital humano, lo que impide un crecimiento más rápido de la productividad, todo lo cual incide en el descontento de la población, el avivamiento de sentimientos separatistas y el avance de una ultraderecha que ya se hizo notar en Andalucía.
Contra todo ello tendrá que luchar el PSOE y Sánchez, que no siempre han estado a la altura de sus postulados progresistas, acompañados ahora por Unidos Podemos, con el cual han logrado montar un proyecto de presupuesto que tiene en cuenta principalmente la protección a la abandonada población infantil.
