Pobreza, desigualdad y divergencia regional en México
Escrito por CIRO MURAYAMA
Domingo, 14 de Febrero de 2010 00:00
En el número anterior de éste suplemento, iniciamos la publicación de un valioso estudio del economista Ciro Murayama (UNAM) en torno a los resultados del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. (México: quince años del TLCAN. 1994-2009: entre la crisis del efecto tequila y la crisis global) Ahora proseguimos en ese empeño dándole espacio al capítulo siempre apremiante de la pobreza y la desigualdad en el marco de las divergencias regionales. Con rigor y claridad, el autor nos ofrece un panorama completo basado en datos objetivos, que, si embargo, no resulta del todo optimista. Invitamos a los lectores interesados en profundizar en este tema revisar el texto íntegro, consultando la página de la Fundación Alternativas, un centro de encuentro para el intercambio de ideas y propuestas entre España y la comunidad internacional. http://www.falternativas.org/l
Una de las características más persistentes de la estructura social y económica en México es la elevada concentración de la riqueza que se acompaña de altos índices de pobreza entre la población.
Si se considera el inicio de la aplicación del TLCAN y lo que ocurre en la actualidad, puede observarse que la pobreza en México prácticamente no ha disminuido en términos relativos, pero ha crecido en términos absolutos. En México se definen “tres líneas” de pobreza: a) alimentaria –que implica que los individuos no pueden adquirir una canasta básica de alimentos aun destinando a ello todo su ingreso–, b) de capacidades –insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más para estos fines– y, c) de patrimonio –las personas en esa situación no cuentan con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de salud, de educación, de alimentación, de vivienda, de vestido y de transporte público, aun si dedicaran la totalidad de sus recursos económicos a este propósito–.
Como puede apreciarse en el Gráfico 3, las crisis económicas son disparadoras del porcentaje de pobres en México. La crisis de 1994-95 elevó el porcentaje de personas en algún tipo de pobreza al 69% de la población, cuando dos años antes era del 52,4%. Pero en términos absolutos, se trata de prácticamente 17 millones de nuevos pobres en sólo dos años y, de ellos, 15 millones en situación de pobreza extrema (alimentaria).
Tras la superación de la crisis económica de mediados de la década de los años noventa, la pobreza fue disminuyendo de manera gradual, pero tarda entre seis y siete años para regresar a los porcentajes previos a la crisis. Hacia 2006 es cuando se registra el menor porcentaje de incidencia de la pobreza: 13,8% de pobreza alimentaria (que, con todo, significó que 14,4 millones de personas la padecieran), 20,7% de pobreza de capacidades (21,7 millones de personas) y 42,6% de pobreza de patrimonio (44,7 millones). Esto es, aun en el año en que la pobreza se logró acotar más, una población similar al del conjunto de España se encontraba en México en una situación que no le permitía cubrir sus gastos de alimentación, educación, vestido, salud, vivienda y transporte público.
La disminución de la pobreza conseguida entre 1996 y 2006 ha tenido diversas interpretaciones. Unas señalan la incidencia de los programas focalizados de combate a la pobreza que han aumentado sus recursos de manera sistemática en estos años, aunque el incremento en el volumen de recursos es significativamente mayor que los resultados. De manera alternativa al éxito de los programas de gobierno, se han puesto a consideración otras explicaciones, que subrayan que la pobreza disminuyó sobre todo en zonas rurales, más que en las urbanas, y eso por varios factores: a) la diversificación del ingreso de los hogares rurales, que cada vez se dedican menos a labores agrícolas; b) la ampliación del número de miembros del hogar que aportan ingresos al mismo y, c) el papel de las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
El descenso de la pobreza alimentaria entre 1994 y 2008 es de un 3%, la de capacidades de un 4,9% y la patrimonial de un 5%. A ese ritmo, y si no hubiese incrementos en el número de pobres –que ya los hay– le tomaría a México 90 años terminar con la pobreza extrema.
En términos absolutos durante el TLCAN el número de pobres alimentarios creció en 441.000 personas, disminuyó en 143.000 la pobreza de capacidades, y aumentó en 3,5 millones el número de individuos en situación de pobreza patrimonial. Cabe decir que el último ejercicio de medición de la pobreza, a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de 2008 –esta encuesta se levanta cada dos años–, arrojó un nuevo incremento en el número de pobres frente a 2006. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer las cifras de incremento de la pobreza absoluta y relativa en el país. Los mexicanos en pobreza alimentaria pasaron de 14,4 millones a 19,5 millones de personas entre 2006 y 2008 (de 13,8% a 18,2%), esto es, se han generado más de 5 millones de pobres extremos en sólo dos años.
Incluso disminuyó el ingreso de los hogares: se contrajo en 1,6% de 2006 a 2008. Ello a pesar de que creció el número de perceptores por hogar: en 2006, en promedio, 2,1 personas aportaban al ingreso de cada familia, y en 2008 lo hicieron 2,3, lo que indica que más miembros del hogar deben trabajar y aun así el ingreso familiar es menor.
La caída en el ingreso no fue homogénea, pues los hogares de los dos deciles de mayor ingreso mejoran o se mantienen igual, pero la pérdida del ingreso se recrudece en los más pobres (el decil de menor ingreso perdió un 8%). Además, los hogares ubicados en localidades de menos de 2.500 habitantes, es decir, familias rurales que partían de una situación desfavorable, sufrieron una dramática reducción de 16,3% de su ingreso.
La conclusión es que la crisis actual está propiciando un retroceso en el bienestar de los mexicanos y se exacerba la polarizada distribución de la riqueza. Lo anterior incluso cuando la encuesta se levantó entre agosto y noviembre de 2008, es decir, antes de que se iniciara la destrucción acelerada de empleo en México que se agudizó en 2009.
Una vez conocidos los datos, se ha puesto en el punto de mira la política social. En efecto, el incremento del gasto social no ha permitido reducir el número de pobres e incluso la pobreza se extiende de forma drástica. Lo anterior refleja que más gasto focalizado no necesariamente está consiguiendo sacar de la pobreza a más mexicanos. Pero de ahí no cabe desprender que ese gasto no tenga efectos positivos: sin programas como Oportunidades, las cifras serían todavía peores.
Puede decirse, entonces, que la política social está actuando como una barrera de efecto limitado para evitar que se multiplique aún más la pobreza. Si bien es preciso evaluar la política social, el comportamiento de la pobreza en México sugiere que no puede haber política social exitosa si va a contracorriente de una política económica general que tiene como meta suprema el equilibrio presupuestal y supedita el objetivo del crecimiento. Diferentes estudios demuestran que el mejor antídoto contra la pobreza es el crecimiento económico, a la par que las recesiones o crisis son productoras de pobres a gran escala.
Siendo así, la discusión sobre los malos resultados en materia social tiene que centrarse en la orientación de la política económica. Un aspecto relacionado con la permanencia de la pobreza en un país de ingreso medio alto como es México, lo constituye la persistente desigualdad en la distribución de la renta. Como muestra la tabla adjunta, a lo largo de esta década el coeficiente de Gini ha tenido modificaciones prácticamente imperceptibles, sobre todo entre 2002 y 2008. También es evidente que la presencia de la crisis, que se muestra en el cambio en el coeficiente entre 2006 y 2008 hace que crezca la desigualdad. Ello puede explicarse, por un lado, por los efectos que sobre la población pobre mexicana tuvo el alza de los precios de los alimentos en los últimos años, pero también por la ausencia de redes de protección social –en términos de cobertura de salud (hay 20 millones de mexicanos sin acceso a los sistemas de salud) o de protección frente al desempleo (México no cuenta con seguro contra el paro)– que hace que durante las recesiones los hogares de menores ingresos vean deteriorado su bienestar a una celeridad mayor que el resto.
En sintonía con lo anterior, conviene ver cómo se ha comportado la distribución del ingreso a lo largo de la operación del TLCAN, y para ello se divide la población en deciles. Una vez más, la constante es la ausencia de cambios en la distribución del ingreso. México es un país profundamente desigual y esa característica permanece en el tiempo a pesar de los drásticos cambios que han ocurrido en el entorno económico en que se desenvuelve –por ejemplo la severa crisis de 1994-95 dejó intocada la estructura de ingreso– así como de la expansión del sector externo que pudo haber generado nuevos acomodos productivos con resultados diferentes sobre las remuneraciones de los distintos grupos de la población.
Como puede verse el 10% de los hogares más pobres (decil uno) recibe el 1,7% del ingreso total, mientras que el 10% de los hogares más ricos (decil 10) recibe el 36,6%. Esto quiere decir que hay una diferencia en ingresos entre las familias del primer decil y el décimo de 21,5 veces. En un año, una familia del decil X obtiene lo que a una del decil I lo llevaría reunir en casi 22 años.
Una mirada complementaria al tema de la desigualdad en México la ofrece la perspectiva regional. La tabla adjunta evidencia la distancia que hay en el ingreso per cápita de los habitantes de entidades como Michoacán y Chiapas frente al Distrito Federal, con diferencias de 5 a 1. Asimismo, se observa que México está fragmentado entre un sur pobre (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco) y un norte más próspero (Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur), así como de ciertas regiones vinculadas a las actividades exportadoras desde el centro del país (Querétaro, Guanajuato), además de algunas excepciones (Campache en el sur con ingreso alto pero con una importante renta petrolera; Quintana Roo en la península de Yucatán beneficiada de las actividades del turismo en Cancún y la Riviera Maya; Zacatecas hacia el norte pero empobrecido dado el peso del sector primario en su economía y la pérdida de población por la emigración a los Estados Unidos). Es patente, también, el peso del Distrito Federal, en un país de amplia tradición centralista. Estas características del desarrollo desigual en México están presentes desde hace décadas, si bien es posible afirmar que con el TLCAN las regiones vinculadas a las actividades exportadoras han mostrado mayor dinamismo que el resto, por lo que la divergencia regional se ha acentuado.
Las observaciones hechas por el más reciente Informe de Desarrollo Humano para México, publicado por el PNUD con datos de 2004, dan cuenta de ello. De acuerdo a esta agencia de las Naciones Unidas se encuentra que:
• Al calcular el Índice de Desarrollo Humano (IDH) con el procedimiento establecido internacionalmente por el PNUD, la información más reciente muestra que México presenta un valor de 0,8031 para 2004, que lo coloca en la clasificación de los países con alto desarrollo humano, la cual corresponde a naciones que han alcanzado o superado un IDH de 0,80. Este logro contrasta con la considerable desigualdad en los niveles de desarrollo entre entidades federativas.
• Con base en la información más reciente, el Distrito Federal, Nuevo León, Baja California, Coahuila y Chihuahua tienen los mayores niveles del IDH, mientras que a una distancia aún considerable se encuentran Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán, que ocupan las últimas posiciones.
Cuando se compara el IDH de las entidades federativas con el de otros países, se obtiene que el Distrito Federal tiene un nivel de desarrollo similar al de la República Checa o Barbados, mientras que el IDH de Chiapas se asemeja al de naciones como Cabo Verde o la República Árabe de Siria. En los casos de Colima, Querétaro, Jalisco, Durango y Morelos, éstos se encuentran cercanos al promedio nacional y se comparan con países como Bulgaria y Malasia.
Es ilustrativo que en el “Informe sobre Desarrollo Humano México 2002” se destacó la similitud que existía entre los niveles de desarrollo del Distrito Federal y Hong Kong, y los de Chiapas y El Salvador. Para el presente informe, Hong Kong superó en ocho posiciones al Distrito Federal y El Salvador superó en cinco a Chiapas. Así, los extremos del IDH entre los que se encuentran las entidades federativas del país se han rezagado respecto a sus referentes internacionales de hace cuatro años.
De esta forma, tras el bajo dinamismo general mostrado por la economía mexicana en su conjunto a lo largo de los años de operación del TLCAN existe el riesgo de acentuar la desigualdad y la divergencia por regiones. Pero es preciso apuntar: el TLCAN no activó la desigualdad regional en México, pero sí pudo jugar como un catalizador de las tendencias divergentes de crecimiento entre las regiones, en función de las especializaciones productivas de las mismas. Es evidente, por tanto, que la apertura no se acompañó con políticas que armonizaran el desempeño de las regiones e hicieran factible que los cambios producidos por el incremento de la competencia y el acceso al mercado norteamericano se repartieran de forma más equitativa entre individuos y entre regiones.
