Dos personas fallecieron tras abrirse un socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca en julioFoto Cuartoscuro
Colegas protestan por los asesinatos de Miroslava Breach (izquierda) y Javier ValdezFoto Rubén Villalpando y Carlos Ramos Mamahua
El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte fue extraditado por Guatemala en julio pasado
Foto Xinhua
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Domingo 31 de diciembre de 2017
Sin la estridencia de la época del calderonismo, cuando la guerra
contra el narcotráfico era eje programático, pero con igual letalidad,
2017 se convirtió en el año más violento del sexenio y de la historia
reciente. Con un ritmo mensual de 2 mil muertos, las más recientes
estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad auguran que se superarán
los 22 mil 855 homicidios dolosos registrados en 2011. Además, el año
termina en medio de la polémica por la promulgación de la Ley de
Seguridad Interior que apuesta a la institucionalización de la vía
castrense para acabar con la violencia endémica del país.
También en este periodo, el periodismo en México se confirmó como una
de las profesiones más riesgosas: 12 homicidios que lo ubican como el
país donde no hay guerra con más reporteros asesinados. Entre las ejecuciones, Miroslava Breach y Javier Valdez, corresponsales de La Jornada en
Chihuahua y Sinaloa, respectivamente, fallecieron en el ejercicio de su
profesión víctimas del crimen organizado, homicidios que a 284 y 231
días permanecen impunes.
Fue un año de claroscuros en materia de combate a la corrupción: la
entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción; las
aprehensiones de los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte
–extraditado a México–, y de Quintana Roo, Roberto Borge; la detección
que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre malos
manejos en las finanzas estatales, así como la imposibilidad de acuerdos
para designar al fiscal anticorrupción dominaron la agenda de las
principales preocupaciones sociales.
La corrupción acentuada en el plano estatal derivó en dichas
aprehensiones, tras el desvío de millones de pesos e irregularidades en
sus administraciones. También expresión en el plano federal: la muerte
de dos personas al abrirse un socavón en el recién inaugurado Paso
Exprés de Cuernavaca en julio pasado develó anomalías por más de mil
millones de pesos en su construcción, de acuerdo con la Secretaría de la
Función Pública.
Estrategias en entredicho
En el penúltimo año de gobierno de Enrique Peña Nieto,
los niveles de violencia alcanzados pusieron en entredicho las
estrategias instrumentadas durante la década reciente, con la presencia
militar como respuesta a la oficialmente reconocida incapacidad en
seguridad y la penetración del crimen organizado en las corporaciones
policiacas. Para octubre de este año hubo 2 mil 371 homicidios dolosos,
que representó la cuarta ocasión en 2017 que se rompió la cifra récord
de ejecuciones en México y que evidenciaron el fracaso de las políticas para combatir la violencia.
Un problema que tiene en el incremento de personas desaparecidas otra
expresión de la incapacidad para contenerlo: más de 33 mil
desapariciones en el acumulado histórico hasta 2017. El problema de
la desaparición forzada de personas está tomando dimensiones aterradoras
en México con el hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos por todo el
país
, resumió en abril el representante adjunto de la Oficina del
Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Jesús Peña.
Tras 10 años de la irrupción masiva de este fenómeno, se promulgó la
primera ley contra desapariciones forzadas en México, considerada por
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos como el reconocimiento de la magnitud de una crisis humanitaria
. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto la promulgó, el 16 de noviembre, expresó: también a mí me provoca una gran frustración
, refiriéndose al fenómeno.
La Ley de Seguridad Interior, promulgada el 21 de diciembre,
fue la respuesta a los reclamos que desde las fuerzas armadas se
prodigaron debido a la incertidumbre en su labor, ocasionada por la
ausencia de regulación.
El marco legal –que ofrece cobertura a la militarización de las
estrategias de seguridad interior– fue cuestionado por organizaciones de
derechos humanos oficiales y no gubernamentales, nacionales e
internacionales.
Impunidad
A lo largo del año fueron ejecutados 12
periodistas, en otra vertiente de la violencia. La mañana del 23 de
marzo, a las puertas de su casa en la ciudad de Chihuahua fue asesinada
nuestra compañera Miroslava Breach, quien recibió ocho disparos hechos
por un sicario. Aunque oficialmente se reconoció que su ejecución obedeció
a su desempeño profesional al documentar la presencia del crimen
organizado, han transcurrido nueve meses y el homicidio continúa impune.
Hace unos días se aseguró que su autor material había sido a su vez
asesinado.
En impasse durante meses, las investigaciones en torno al homicidio de la corresponsal de La Jornada tuvieron en días pasados un nuevo giro: la aprehensión de Juan Carlos Moreno, El Larry,
a quien la Fiscalía de Chihuahua identificó como uno de los autores
intelectuales. En los días subsiguientes se revelaron nuevos datos de
involucramiento de dos panistas en el caso: el vocero del Comité
Directivo Estatal del PAN, Alfredo Piñera Guevara, y el ex alcalde de
Chínipas Hugo Schultz Alcaraz entregaron a narcotraficantes la
información que sirvió de base para matar a Breach.
Apenas 63 días después de la muerte de Miroslava, una nueva ejecución
de un periodista provocaría la primera reacción presidencial a un
patrón de amenazas, hostilidad y homicidios que se ha prolongado desde
la administración pasada: el 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa, fue
asesinado nuestro compañero Javier Valdez Cárdenas, otra víctima de la
actuación impune del crimen organizado. Periodista especializado en el
narcotráfico, Valdez no sobrevivió a las amenazas de muerte que recibió
meses antes.
Peña Nieto anunció medidas extraordinarias ante la grave situación:
mayor presupuesto y estructura para el Mecanismo de Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; un protocolo
nacional de operación ante las agresiones al gremio y fortalecimiento de
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la
Libertad de Expresión (Feadle).
El pasado 19 de diciembre fue asesinado otro periodista en Veracruz. Muchos más viven bajo amenaza.
Sin tregua
El penúltimo día del año fueron asesinados Marino Catalán
Ocampo, uno de los precandidatos del PRD a la alcaldía de José Azueta
(Zihuatanejo), en la costa grande de Guerrero, y el regidor perredista
del ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, Gabriel Hernández Arias.
Según cifras oficiales, en 2017 fueron ultimados nueve alcaldes de distintos partidos.
