Familiares de mujeres víctimas de feminicidio en Bolivia denuncian a Sputnik Nóvosti el vía crucis que deben atravesar en el sistema judicial para que se aplique una ley de 2013 que tipificó este crimen de género.
"He venido a pedir ayuda desde Oruro", 225 kilómetros al sur de La Paz, dice a Sputnik Nóvosti la indígena aymara Crecencia Poma, quien no se despoja de la manta y la pollera negra que lleva puestas desde el 2 de agosto, día de la muerte de su hija por una brutal paliza.
Poma lleva un aguayo (prenda multicolor, usada como abrigo, adorno o mochila) y tiene en el rostro la angustia de haber perdido a su única hija, Rosmary Churqui, y de deambular por el sistema judicial boliviano.
La mujer de 63 años espera su turno para participar en una asamblea de víctimas de violencia de género, organizada por el colectivo feminista Mujeres Creando, donde decenas como ella aspiran a conseguir una mejor respuesta que la que recibieron en los tribunales.
Rosmary Churqui, madre de tres hijos, fue golpeada por su concubino el 31 de julio y agonizó durante tres días ante la vista de su madre.
"El forense ha sacado totalmente el cuerpo, no hay un pedazo sanito, todo pegado a golpes, a patadas", describe Poma.
"Ni siquiera me la ha auxiliado a mi hija y hasta el momento no se dicta la acusación", agrega.
El asesino se declaró culpable y está sujeto a detención preventiva, pero su familia agiliza los trámites para su liberación.
"Lo que ha declarado él es que con un instrumento de minería le ha pegado. (Rosmary) no le había querido servir comida: 'servite tú', le dijo", y por eso la mató, explica la mujer.
La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia de marzo de 2013 tipifica varios tipos de delitos, incluido el feminicidio al que define como "la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo".
La norma, conocida también por su número 348 y cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establece además plazos expeditos para el tratamiento de estos casos en la justicia.
"La incorporación de la categoría de feminicidio ha arrojado cifras críticas que alarman a la población", dice a Sputnik Nóvosti el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Ernesto Jiménez.
"Cifras igual de preocupantes se tipificaban antes como homicidio por emoción violenta", lo que daba a los asesinos la posibilidad de "eludir a la justicia", agrega Jiménez.
Vorágine judicial
Pero abrir procesos penales en todos los casos de feminicidio genera una vorágine burocrática cuya resolución depende de la voluntad del sistema judicial, observa el viceministro.
Heydi Gil mira con resignación a las cientos de madres, hermanas, padres e hijos, reunidos por Mujeres Creando, un colectivo cultural feminista y anarquista.
Gil es abogada de Mujeres en Busca de Justicia, organización que brinda apoyo legal a víctimas de violencia de género.
Por su oficina pasan muchas de ellas en busca de consejo legal y apoyo moral para encarar procesos que, en el mejor de los casos, pueden demorar de cuatro a seis años, siempre y cuando las interesadas se dediquen a tiempo completo al seguimiento en los tribunales y tengan dinero para pagar a agentes, fiscales, policías y notificadores.
"Las mujeres, por lo largo del proceso y todos los pasos que hay que seguir, abandonan los casos, porque todo es pagando", lamenta Gil.
"El proceso es largo y revictimizante. Tan solo en la acusación (se) pueden demorar seis meses, aunque la ley diga (que deben ser) menos por tratarse de esta ley especial", añade.
Las mujeres, reunidas en grupos, discuten sus casos y dibujan carteles en contra de machismo.
En uno de ellos se ve una tumba en la que se lee a manera de epitafio: "Ley 348 costó la vida de muchas mujeres pero igual murió asesinada, el dinero pudo comprar la impunidad de su asesino".
Otros retratan escenas en medios de comunicación, en las que mujeres en traje de baño sirven para anunciar desde gafas hasta helados.
Una masacre
María Galindo, fundadora de Mujeres Creando, observa debatir a las mujeres y asegura que "estamos ante una masacre de las mujeres bolivianas".
Los muertos durante las dictaduras de Bolivia y en la lucha de los movimientos sociales en 2003 es muchísimo menor a la cantidad de mujeres muertas por la violencia machista, sostiene.
"El Estado boliviano está garantizando la impunidad", alega Galindo.
"Estamos trabajando para que la sociedad boliviana y el movimiento feminista puedan entender que entre un feminicidio y otro, entre un acto de violencia machista y otro, hay una relación, y que por tanto la lucha contra esto debe ser colectiva", explica.
El viceministro Jiménez argumenta que no todo es responsabilidad del Estado central.
Por ley, las gobernaciones y las alcaldías tienen la obligación de coadyuvar con la construcción y mantenimiento de refugios para las víctimas de violencia y así evitar los feminicidios.
Pero esto no se cumple, ya que los municipios que lo han hecho son la excepción.
"Prefieren invertir el dinero en proyectos que se ven, como parques y escuelas", explica Jiménez.
Tan solo el primer semestre del año se denunciaron 40 feminicidios y 22.623 casos de violencia, la mayoría contra mujeres. Para la abogada Gil es muy difícil saber si son solo 40 los casos de mujeres asesinadas por violencia de género.
"Los investigadores presionan a los familiares para evitar la tipificación de feminicidio. Les dicen que fue suicidio, o que la víctima ha provocado al agresor y se la ha buscado", alega la abogada.
Al terminar el taller, las mujeres salen con sus pancartas hacia las puertas del Ministerio de Justicia, donde pegan en las paredes mensajes que claman por una solución a sus casos.
Crecencia Poma, vestida de negro como en un cortejo fúnebre, sale con ellas, llevando en la mano una balanza que simboliza la justicia, mientras dice "yo tengo la culpa".
"Yo sabía que le pegaba desde el momento que se ha juntado. Una vez le metió un cuchillo y la ha regado con alcohol. Pero ella me ha dicho: 'por mis hijos le daré una oportunidad'".
